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Cabos Sueltos. Carretera 57 y el “tramo del terror”

Las versiones encontradas, las cifras que no cuadran, los videos que no terminan de convencer y los fiscales con realidades opuestas, son solo algunas de las contradicciones con las que las autoridades estatales y federales atendieron el sonado caso que llevó a San Luis Potosí a estar en la escena nacional y por momentos internacional.

El caso del autobús secuestrado, con al menos 50 migrantes la madrugada del pasado lunes, volvió a la realidad un episodio que casi estábamos a punto de dejar en el olvido: las presuntas bandas de traficantes de personas que podrían estar dominando el paso de la frontera entre San Luis Potosí y Nuevo León.

Ya conocido como “el tramo del terror”, desde abril se hizo visible que algo muy grave está ocurriendo en la carretera 57, a la altura del municipio de potosino de Matehuala. Y tan reciente esta ese episodio, que ahora con el secuestro del autobús con migrantes fue muy confuso, por decir lo menos. La disputa entre autoridades estatales, de uno y otro lado que se pelean la versión de que habría sido en territorio del vecino y no en el suelo propio, incluso, el Fiscal de Nuevo León, Pedro Arce reiteró en las últimas horas su versión de que el secuestro habría ocurrido en tierras potosinas.

Esa disputa pareció restarle importancia en lo que realmente se mantiene de fondo: la presencia de grupos de la delincuencia que trafican con seres humanos.

La línea fronteriza entre Nuevo León y San Luis, es muy delgada y confusa. La gente de las comunidades del municipio norteño de Doctor Arroyo, están más cercanas a Matehuala, de hecho, migran a Matehuala antes que a Monterey. Tramitan y gestionan su vida en tierras potosinas desde hace muchas décadas. Pero, más allá de las precisiones de territorio, lo cierto es que la problemática exhibida por las versiones contradictorias pareciera mucho más grave de resolver que la opción de poner a circular carrazos de la Guardia Civil Estatal a cuidar tramos carreteros interestatales e insistir ante el gobierno federal que cumpla con su obligación de vigilar las carreteras federales.

El gobierno federal al desaparecer de facto a la Policía Federal de Caminos, dejó indefensos a los ciudadanos. El total estado de indefensión en el que se queda, quien se arriesga a circular por ese tramo, parece no estar atendido con la suficiente fuerza, estrategia y presupuesto que se requiere. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, potosina por cierto, parece andar más ocupada en sus aspiraciones políticas que en su tarea principal.

Esa zona del altiplano mexicano, entre Matehuala y Doctor Arroyo, es una zona pobre, expulsora tradicional de mano de obra a los Estados Unidos y que desde hace décadas comenzó a experimentar las libertades que la impunidad y corrupción le permitieron y hoy está desbordada de peligros, riesgos y delincuencia.

Por Lidia Juache

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