Por Ángeles Mariscal
Para el gobierno de Chiapas solo son “personas en situación de vulnerabilidad”. Se trata de miles de habitantes de los municipios de Chicomuselo, La Concordia y Socoltenango, quienes este martes cumplen una semana de haber escapado de los cárteles de la droga y las embestidas del Ejército Mexicano.
No hay una cifra oficial del número de personas desplazadas porque la mayoría de ellas buscaron refugio con familiares o en casas particulares, ante el temor de ser perseguidas; sin embargo, aún en esos lugares son amenazadas.
“Llegaron a mi comunidad varias familias de Chejel y Francisco I Madero; se instalaron en algunas casas que están abandonadas, porque acá también hay personas que se han ido huyendo y sus casas están vacías. Pero el sábado vinieron personas del Cártel y las llevaron al domo del pueblo, ahí les dijeron que tenían que tenían que declarar contra el otro grupo (el Cártel contrario) […] lo que más enoja es que a 40 metros del domo está un destacamento del Ejército Mexicano, en su caras se mueven estos grupos”, declaró en entrevista un poblador de Frontera Comalapa.
En un recuento que organizaciones de la sociedad civil han hecho sobre el desplazamiento que ha habido en el mes de enero, hay más de 1,500 familias de unas 20 comunidades.
El gobierno de Chiapas, por su parte, a través de la Secretaría de Protección Civil, dijo que atienden en albergues a 701 personas que “reciben ayuda humanitaria consistente en alimentos, kits de aseo personal y cobijo del Gobierno de Chiapas”.
En entrevista, el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, dijo que según la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, a estas personas no se les puede considerar desplazados, sino “personas en situación de vulnerabilidad”, porque solo si no tienen condiciones para su retorno entran en la categoría.
Integrantes de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas que acompañan a la población desplazada explicaron que no hay condiciones para que puedan retornar. “Tendrían primero que desarticular y desarmar esos grupos, pues si regresan serán las mismas condiciones”, explicó uno de ellos.
Detalló que como parte de la presión hacia la población estos grupos le cortaron a la población el servicio de telefonía e internet. En la región solo funciona el servicio de internet con antenas que los cárteles han colocado.
Con información de: Aristegui Noticias