Los funcionarios encargados de regular la actividad comercial de San Luis Potosí y los organizadores del evento están en riesgo real de ir a la cárcel por la tragedia del antro Rich, donde el viernes fallecieron dos jóvenes y 15 más resultaron heridos.
Esto se debe a la responsabilidad civil, penal y administrativa que pesa sobre ellos por la tragedia, aseguró el abogado constitucionalista Jorge Chessal Palau en entrevista con Pulso.
Explicó que “las autoridades no pueden sustraerse de la responsabilidad, argumentando que desconocían la celebración del evento y que no existía permiso”.
De entrada, aseguró, lo que debe ser juzgado es la omisión de un hecho conocido y publicitado que durante semanas convocó a los jóvenes, quienes en masa acudieron al lugar de la tragedia.
“Peor aun cuando el lugar funcionaba de forma pública y conocida desde hace meses, y si la autoridad competente no los había detectado, esto habla de una evidente incapacidad o dolo en la actuación de vigilancia e inspección de la vida nocturna de San Luis”, dijo.
Jorge Chessal opinó que los organizadores del evento y propietarios del lugar podrían ser acusados de homicidio culposo y enfrentar penas de hasta 30 años de cárcel, sin menoscabo de la indemnización millonaria que deberían pagar, por la falta de garantías para realizar una presentación sin las condiciones óptimas de seguridad.
Al ser cuestionado sobre si las consecuencias jurídicas para los involucrados alcanzarían una pena de cárcel, aseguró que la ley es muy clara al señalar que se comete un ilícito sancionable en cuanto se deja de cumplir con las normas o se solapa una acción que pone en riesgo a la población.
Aseguró que lo que se conoce como derecho catastrófico habla de la responsabilidad civil, administrativa y penal que analiza la actuación de cada uno de los personajes involucrados y les compromete a responder en el ejercicio de las funciones que les fueron encomendadas.
Entrevistado por separado, el vocero de la asociación civil Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias, coincidió con los niveles de responsabilidad de los diversos involucrados, señalando que las autoridades que regulan el comercio cometieron errores graves al permitir la operación de un lugar con permiso de restaurante-bar cuando a todas luces era un antro.
Guadalupe González adelantó que la asociación civil, en el transcurso de las primeras horas de este lunes, presentará una investigación que revela el hecho de que el barandal que colapsó y derivó en la tragedia ya había sido reportado, y la plaza comercial donde se ubica Rich se negó a tomar cartas en el asunto.
Con información de: Pulso