Marcela Loyola
Colectivos de protección animal presentaron una denuncia penal con número de expediente CDI/FGE/I/D01/30233/25 por el presunto maltrato que hay en la Feria Nacional Potosina (FENAPO) al permitir los carruseles de ponis, entre otras actividades donde se explota a los animales, violando las leyes estatales y federales que lo prohíben.
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— PotosíNoticias (@Potosinoticia01) August 22, 2025
Así lo dieron a conocer en rueda de prensa, Karla García, de Huella Amiga y, Margarita López, de Amigos de Corazón de México, quienes manifestaron que, desde el 12 de agosto en un recorrido en las instalaciones de la feria, documentaron que había al menos ocho carruseles de ponis, bueyes y vacas usados para fotografías, además de un pitón exhibido con el mismo fin. Además, en algunos juegos se ofrecían conejos, patos y peces como premios.
Expusieron que, se buscó el dialogo con el Patronato para que impidiera esta situación, pues un informe técnico veterinario advierte que los ponis son obligados a permanecer inmóviles por horas, sin espacio para mover el cuello, sin agua ni descanso, lo que les provoca estrés, daños a la salud y constituye explotación. De acuerdo a los colectivos, el pasado sábado la situación empeoró, pues los animales trabajaron durante 12 horas seguidas, desde la una de la tarde hasta la una de la mañana.
En reunión, el Patronato accedió a una revisión médica de equinos y otros animales, sin embargo, sólo se presentaron 20 de los 32 ponis y, sospechan que únicamente mostraron a los ejemplares en mejores condiciones. Afirmaron que algunos animales estaban en proceso de desparasitación y otros en espera de vacunas, lo que representa un riesgo sanitario tanto para la ganadería como para el público, en especial los niños. Además, los colectivos sostienen que el Patronato vendió espacios a líderes que, a su vez, los revendieron, lo que impide tener control sobre quién está a cargo de los animales.
Por ello, ante la falta de acciones, los colectivos presentaron una denuncia ante la Fiscalía y adelantaron que harán lo mismo en Profepa y en el municipio, con la intención de llevar a juicio a quienes resulten responsables, incluyendo a organizadores, autoridades que otorgan permisos y a quienes ejercen directamente el maltrato. Aunque la feria concluye el 31 de agosto, su objetivo es que las carpetas de investigación permanezcan abiertas y se dé seguimiento en los próximos años.
Las activistas condenaron que, el Patronato desconocieran la existencia de la ley estatal de protección animal, cuando lo único que piden es que se cumpla y, negaron que su movimiento tenga intereses políticos, al declarar que son apartidistas para poder trabajar con cualquier partido que muestre un compromiso real con el bienestar animal.