Un grupo de ejidatarios de La Pila dieron a conocer en conferencia de prensa que obtuvieron un informe de la entrega de tierras realizada por los grupos de poder enquistados en su ejido, los cuales utilizaron a exfuncionarios de la Procuraduría Agraria como Felipe Aurelio Torres y del Registro Agrario Nacional, Miguel Martínez Castro, que con el apoyo del gobierno estatal impusieron por medio de la fuerza pública una asamblea de certificación el 18 de noviembre del año 2018, con un operativo policiaco al servicio de empresarios disfrazados de ejidatarios.
Expusieron que “en los acuerdos y proyectos con la gente del poder económico de San Luis Potosí, el presidente municipal Xavier Nava y el gobernador Juan Manuel Carreras López intentan lograr a toda costa la actualización del Plan del Centro de Población Estratégico de la ciudad de San Luis Potosí”.
Es por ello que el pasado 27 de marzo de 2019, llevaron al Cabildo capitalino el acuerdo para que el Instituto Municipal de Planeación presente en las próximas semanas el planteamiento respectivo, que incluirá las más de seis mil hectáreas del ejido, acusó el ejidatario Eulogio López Delgado.
“Los grupos empresariales que han comprado tierras y derechos, están encabezados por Abraham Tobías Gómez, quien se apoderó de más de un kilómetro frente a la carretera a México (parcelas 4, 11, 224, 256, 262, 263, 241, 321, 453, 490,530, 684, 686, 882, 883, 891) con más de 40 hectáreas”.
En el caso de Héctor Gómez Valle, “sobrino político del gobernador Carreras con más de sesenta hectáreas vendidas, la familia Lorca Valle con cerca de 80 hectáreas, Roberto Pérez Centeno quien maneja cerca 80 hectáreas, el político priista José Luis Romero Calzada, alias “El Tekmol”, con cinco hectáreas”; la Unidad de Inteligencia Financiera le congeló sus cuentas bancarias por sospecha de “huachicolero”; “y Juan López Lara con 20 hectáreas”.
Los quejosos señalaron que con parcelas y prestanombres “también aparecen algunos miembros de la familia Valladares con cerca de 50 hectáreas (parcelas 178, 188, 265, 266, 270, 274, 367, 445, 824, 898). De la misma forma se convalidó la invasión de la empresa Termicentro, propiedad del empresario José Vicente Soriano García, para colocar las peligrosas esferas de Gas LP en un área de 40 hectáreas”.
Se tiene conocimiento de que por lo menos en lo que resta del gobierno de Juan Manuel Carreras se tienen acuerdos para establecer cerca de 100 nuevas naves industriales en el área del ejido La Pila y fraccionamientos diversos, con miles de lotes de alta densidad.
Las conexiones, ejes y libramientos están perfectamente delimitados y definidos por los empresarios desde hace más de ocho años.
El Registro Agrario Nacional, ya con nuevos funcionarios, entregó un informe que contiene lo siguiente:
En atención a su escrito recibido en este Órgano Registral el 17 de julio de 2019, me permito proporcionarle la siguiente información conforme a los puntos ahí indicados:
1.- Se expidieron 418 certificados parcelarios y 154 certificados de uso común, en cuanto a los solares no se ha expedido ningún título de solar.
2.- No tenemos el dato preciso de los sujetos agrarios beneficiados y no hay fecha de una próxima entrega de ninguna clase de documentos.
3.- Respecto a la calificación registral que solicita, le manifiesto que previo pago de derechos, se le expedirán copia certificada de la misma, ya que el propio Reglamento Interno así lo marca.
4.- En cuanto a una segunda revisión del acta de asamblea de delimitación, no es posible llevarla a cabo en este momento, salvo que alguna autoridad competente lo ordene, debido a que es un trámite interno.
5.- Así mismo en cuanto a los derechos y documentos expedidos a favor de Pedro Adrián Martínez López, le comunico que se entregaron 95 certificados parcelarios. Es decir. el solo comisariado ejidal recibió 95 certificados parcelarios.
De los cuales 40 son a su nombre y el resto de personas a las que él representa con poderes notariales. A su nombre son 163 hectáreas y las que dice representar más de 200 hectáreas. En esta superficie se dice están involucrados funcionarios carreristas y los controvertidos exdelegados de la Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional, Felipe Aurelio Torres y Miguel Martínez Castro. El asunto ya está en manos de Profepa, Semarnat, Tribunal Agrario y Juzgados Federales.
Las contralorías federales están investigando y además un juez federal ya suspendió la expedición de títulos apócrifos (expediente 819/2019 del Juzgado Octavo de Distrito).
“También los ejidatarios van a colapsar el proyecto de Xavier Nava de otorgar el cambio de uso de suelo en más de cuatro mil hectáreas ejidales; junto con San Juan de Guadalupe y Escalerillas, son los proyectos del poder económico y empresarial de la minoría rapaz que representan estos empresarios y los gobierno de Nava y Carreras, comentó el ejidatario Rafael Luna Carranza.
