Desde hace varios años se asegura que si alguien supo de los abusos sexuales en contra de menores de edad del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, además de los arzobispos Arturo Antonio Szymanski Ramírez, Luis Morales Reyes y Jesús Carlos Cabrero Romero que lo encubrieron, es el vocero Juan Jesús Priego Rivera.
Y no solo eso, también de la fuga de Córdoba en el 2014, la operación que permitió ponerlo a salvo del brazo de la justicia es una historia que conocen unos cuantos que tuvieron participación en ella.
En los buenos tiempos, Priego compartía oficina con Córdova, se veían la cara todos los días en la casona de Madero, uno como vocero y el otro como representante legal y al frente de las relaciones con el poder profano, el escándalo no fue ninguna sorpresa en el arzobispado, sí hasta Roma lo sabía.
Priego es un sacerdote respetado, colabora en varios medios de comunicación, un hombre sencillo a pesar del alto cargo que ocupa, se dice que prepara sus homilías dominicales con esmero y lo sigue la feligresía al templo que sea movido; es un lector voraz, con frecuencia se le puede ver cargado de libros bajo el brazo saliendo de librerías de viejo, en las que se gasta una buena parte de sus ingresos.
Ha tenido conflictos con la comunidad gay, junto con el arzobispo Cabrero Romero, fue denunciado ante la Secretraría de Gobernación por fomentar el odio hacia los homosexuales luego de que el Congreso del Estado aprobó los matrimonios igualitarios.
Con suspicacia fue recibida en algunos sectores del mismo clero y laicos comprometidos la declaración de Priego a los medios de comunicación en la conferencia de prensa del jueves pasado para tratar de minimizar el encubrimiento de la jerarquía católica potosina, al señalar que no hubo negligencia sino “perplejidad” ante el caso de Córdova que resultó un depredador sexual en serie.
A Priego lo oprime la verdad y la oculta, la estrategia del arzobispado ha sido la de dejar correr el tiempo, apostar al olvido y se borre la memoria de las víctimas y sus familias.
El periodista David Ramos en febrero del año pasado publicó un reportaje sobre el caso Córdova en el que reafirmó con pruebas la complicidad de la jerarquía católica:
“El P. Eduardo Córdova Bautista, hoy prófugo de la justicia y buscado por la Interpol en 194 países, llegó hasta lo más alto de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, en México, a pesar de décadas de denuncias de abuso sexual a menores, seminaristas y diáconos y bajo el gobierno pastoral de tres arzobispos diferentes. ¿Cómo lo logró?” (https://bit.ly/3avjlTk).
Ramos es colaborador de la Agencia Católica de Informaciones, del Grupo ACI, “uno de los más grandes generadores de contenido noticioso católico en cinco idiomas y que pertenece desde junio de 2014 a la familia de EWTN Global Catholic Network, la cadena católica televisiva más grande del mundo”.
Córdova está acusado de “privación ilegal de la libertad, abuso sexual calificado, corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen la capacidad de resistirlo y violación equiparada”. Sus víctimas superan la centena y tiene una ficha de búsqueda de la Interpol.
Con la llegada de AMLO a la Presidencia se generó la expectativa de que Córdova podría ser localizado y detenido, no ha pasado nada. La fiscalía estatal ha actuado igual que en el anterior gobierno de Toranzo, no hay avances sobre su paradero. Las pistas pueden ser muchas porque no se ha realizado una investigación en forma.
El exsacerdote Alberto Athié ha señalado que podría estar escondido en un convento u otro recinto religioso; y de manera cíclica se esparcen por las redes sociales versiones distintas, desde darlo por asesinado o que fue visto como una sombra por algún barrio de la ciudad.
El mayor temor del arzobispado potosino no es que localicen y juzguen a Córdoba Bautista, al separarlo de su ministerio dieron el asunto por cerrado, sino la eventual presentación de demandas económicas como reparación de daño como ha sucedido en otros países por casos similares, mientras la política del Papa Francisco en contra de la pederastia clerical y sus auspiciadores es letra muerta en San Luis Potosí al no emitir ninguna sanción en contra de los arzobispos que, por acción u omisión, permitieron que durante años Córdova actuara con entera impunidad.
El arzobispo titular, Cabrero Romero, lo confirmó como abogado de la arquidiócesis en el 2013, “en el Año de la Fe”, a sabiendas de su historial de denuncias no atendidas.
El amor a la verdad no se ha manifestado en el arquidiócesis, la perplejidad en el caso Córdova ha sido por la tozudez con la que se ha manejado la jerarquía para no reconocer que abandonaron al rebaño. [Javier Padrón]
