El foro realizado este sábado en Tancanhuitz por la vida y la dignidad, organizado por asociaciones indígenas, campesinas y activistas del agua y contra el fracking, asistieron dos subsecretarios de la SEMARNAT: Julio Trujillo Segura, de Fomento y Normatividad Ambiental, y Guadalupe Espinoza Sauceda, coordinador jurídico de la secretaría.
No asistió el titular, Vicente Toledo Manzur, como se esperaba, de cualquier manera se formalizaron varios acuerdos, para el caso de la Sierra de San Miguelito, se aceptó que los comuneros que están en contra de su urbanización participen en el Comité Técnico de Evaluación de la declaratoria de Área Natural Protegida “para garantizar la legalidad y evitar presiones económicas y políticas”.
Entre las propuestas que los comuneros disidentes, encabezados por Carlos Covarrubias, plantearon a los funcionarios federales, destacan la de generar una declaratoria de Área Natural Protegida que incluya las 2069 hectáreas en la Comunidad de San Juan de Guadalupe y Sus Anexos Tierra Blanca y San Miguelito.
Este rotundo no al proyecto empresarial de Carlos López Medina y socios, se acompaña con el impulso de propuestas de desarrollo integral y comunitario que incluyan parques ecológicos, programas de empleos y amplios procesos de reforestación, conservación y restauración de la vida silvestre.
Se acordaron reuniones con el director Regional Noreste y Sierra Madre Oriental, con el director General de Conservación y Desarrollo para realizar una reunión de trabajo e intercambio de información; y con secretario Vicente Toledo “para evaluar los avances de esta declaratoria”.
Otro punto que será crucial para la procedencia o negativa del proyecto empresarial, es el informe que tendrá que rendir la Procuraduría Agraria del conflicto legal por los intentos de constituir la inmobiliaria “Reserva” y /o una Asociación en participación de Las Cañadas, de la empresa Espacios en el Horizonte.
Se expresó un rechazo a grupos “que se asumen como protectores del medio ambiente, como es el caso de Sierra de San Miguelito Asociación Civil y otros grupos incrustados en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, (que) pretendan manipular los trabajos de la declaratoria encomendada por nuestro Presidente, Andrés Manuel López Obrador”.
Se solicitó además a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, “realice una evaluación e investigación sobre el grave nivel de conflicto que se vive hoy en los ejidos y comunidades de la Sierra de San Miguelito, que sufren el acoso de grupos inmobiliarios e industriales”.
Además de que se debe incluir a “comunidades y fracciones excluidas por el Gobierno del Estado del área Natural Protegida, como es el caso de la Comunidad de Rivera, Suspiro Picacho, y no permitir el fraccionamiento de tierras y despojo en ejidos como lo es en Guadalupe Victoria y su Anexo la Cruz y El Jaral, de Mexquitic de Carmona y en este sentido que se realicen visitas de campo en dichas comunidades”. De todas estas acciones, se pidió que se rinda un informe detallado al Presidente AMLO.
“LOS CHATOS” SE DEFIENDEN
Mientras se realizaba el foro en Tancanhuitz, los comuneros que defienden su derecho a asociarse con el fraccionador Carlos López Medina bloquearon el acceso a las tierras comunales en la Prolongación de Sierra Vista, usado por excursionistas y deportistas desde hace años.
Los comuneros inconformes consideran que el gobierno estatal ni el ayuntamiento capitalino los escucha y quieren decidir sobre el destino de sus tierras, el bloqueo permanecerá hasta que los reciba el gobernador Carreras, pretenden reunirse con él este lunes.
La semana pasada también se hicieron presentes en la consulta pública realizada en el Palacio Municipal, en la que poco faltó para que hubiera un enfrentamiento entre comuneros antagónicos e incluso presidentes de juntas de mejoras de colonias del sur de la ciudad que asistieron para plantear los riesgos de inundación en caso de que se urbanice la Cañada de Lobo.
Es indudable que a los comuneros que quieren aportar sus tierras les asisten sus derechos y por eso se manifiestan y deben ser escuchados, lo que debe evitarse es la violencia, tarea que les corresponde a las autoridades locales, porque pareciera que la intención es que el conflicto derive en una confrontación más allá del ámbito legal y culpar al Presidente AMLO por su consulta en la Plaza de Fundadores del 24 de mayo pasado, en la que se acordó ampliar la protección de la Sierra de San Miguelito y no permitir el proyecto de los fraccionadores.
Las autoridades federales son las que tendrán la última palabra de dejar dentro o fuera de la ANP a las 2069 hectáreas que son la litis del conflicto. Pero los comuneros han preferido enfocarse a los gobiernos locales, es la estrategia que ha seguido hasta ahora el fraccionador López Medina al sostener reuniones privadas, fuera de recintos oficiales, con el gobernador Carreras y el alcalde Xavier Nava, a las que han asistido los demás inversionistas y los exgobernadores Horacio Sánchez Unzueta y Teófilo Torres Corzo.
También sería saludable que Carreras y Nava escuchen a los dos grupos de comuneros, los que están a favor de vender y los que aceptan la declaratoria de ANP, y coordinarse y acatar las resoluciones de las autoridades federales como se supone que lo han hecho hasta ahora.
La actualización municipal de los planes de ordenamiento territorial y centro de población estratégico están en su etapa final, se anticipó que las 2069 hectáreas del proyecto inmobiliario Las Cañadas serán consideradas como no urbanizables; en tanto, el gobernador Carreras prevé que la declaratoria federal esté concluida en un año medio, estos dos anuncios afectaron a López Medina y sus socios, su inversión millonaria no está bien cimentada, por eso las recientes movilizaciones de los comuneros que pactaron sus tierras y el cabildeo en las altas esferas.
Los comuneros disidentes tampoco deben caer en el optimismo, la SEMARNAT aprobó la manifestación de impacto ambiental de una vía alterna a la zona industrial que parte en dos la Sierra de San Miguelito, y meses atrás, en el otro extremo de la ciudad, recién llegado al Palacio Nacional, AMLO dio el visto bueno a Germán Larrea (Grupo México) para que su planta de Zinc, de alto riesgo para la población que la circunda, operara cincuenta años más sin un plan de contingencia ambiental definido.
Con Villa Magna enfrente y el proyecto de fraccionamientos y centros comerciales del mismo Larrea, que tienen el visto bueno del IMPLAN, donde antes funcionaron las contaminantes plantas de Cobre y Arsénico, zona remediada por la UNAM pero con dudas y desinformación sobre cuáles áreas están libres de contaminantes, el sentido común dice que no debió emitirse el permiso a la planta de Zinc. La 4T le dijo sí a Larrea, considerado uno de los líderes de los golpistas. [Javier Padrón]