Uno de los funcionarios municipales que tarde que temprano tendrá que rendir cuentas ante las auditorías Superior del Estado y la Federación, es Marco Antonio Uribe Ávila, director de Obras Públicas del ayuntamiento capitalino.
En el caso de la licitación de la ampliación del puente Pemex, Uribe sesgó el fallo a favor de las empresas Concrecer y GyG, por un costo de 25 millones 555 mil 373 pesos con 9 centavos.
En este procedimiento participaron bajo consigna, el dirigente de la CMIC, Enrique Blanco Rentería, y la Contraloría Interna del Ayuntamiento, representada por Mayra Elizabeth Reyes.
Uribe así pago favores a su ex patrón Tirso González; la obra tendrá que comenzar la primera semana de abril, cuando no hay las condiciones sanitarias adecuadas, y se prevé que el último día de este 2020 tendrá que estar concluida y en servicio.
La obra no cumplirá con el calendario, no se ha mostrado de manera pública el acuerdo con la transnacional Kansas City Southern por el derecho de vía que tiene en esa zona y se verá afectado.
Los recursos tienen una fuente mixta: la principal es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, y recurso estatal.
URIBE SIN MEMORIA
Cuando Uribe fue líder de la CMIC en el sexenio torancista, fue el principal crítico del reparto de la obra pública, fue quien denunció ante el Consejo Ciudadano de Transparencia, que presidía José Mario de la Garza, al titular de la SEDUVOP, Luis Nava Calvillo, padre del alcalde que fue inhabilitado por prácticas como los moches, sobreprecios y asignaciones directas o de invitación restringida.
Ahora como funcionario municipal, Uribe incurre precisamente en lo mismo que combatió como representante de los constructores.
A la campaña contra Luis Nava Calvillo se sumó Alejandro Leal Tovías, entonces dueño del diario La Razón, y ahora secretario general de Gobierno. El “Caco” obtuvo los expedientes de las asignaciones y ordenó publicar un sinfín de notas en portada en contra del funcionario estatal.
