Bajo la congruencia de garantizar los derechos humanos de las personas, el diputado del Partido Acción Nacional, PAN, Rubén Guajardo Barrera, está proponiendo tipificar el delito específico de difusión de audios, videos e imágenes de personas fallecidas que se encuentren bajo resguardo de una autoridad u organismo forense, cuando sea para fines contrarios a los establecidos por la ley, sin perjuicio de las demás sanciones aplicables.
Recordó que se ha normalizado la difusión de imágenes de víctimas de delitos, especialmente las mortales, cuando se encuentran incluso bajo el resguardo de corporaciones de seguridad e incluso de las instituciones forenses. Quizás, de los casos más vejatorios sea la exposición de las imágenes, audios y videos de mujeres que han sido víctimas de feminicidio, las cuales en algunas ocasiones llegan a difundirse a través de medios electrónicos, e incluso impresos, lo cual se convierte en una revictimización, su dignidad y su intimidad, así como a las familias de las víctimas. Sin contar con que se genera una cultura de degradación y pérdida de respeto hacia las mujeres.
Tales actos, contravienen el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de estricta reserva de los registros de investigación lo que, por su puesto, incluye las imágenes. Sin embargo, se trata de una conducta que debido a sus afectaciones, en el contexto de perjuicios a las víctimas, amerita una tipificación penal de forma independiente.
“Este tipo de hechos, produce graves afectaciones a las victimas indirectas, además implica la posibilidad de causar daños psicológicos y señalamiento social por esos hechos de escarnio, morbo y vejación. No se puede soslayar tampoco, que se trata de una forma de violencia, ya que trata como objeto el cuerpo de las víctimas, al cual despoja de su dignidad, es así que proponemos estos cambios al Código Penal del Estado”.
Para Rubén Guajardo Barrera, diputado del PAN, se trata de conductas que muestran una falta de respeto hacia los derechos de las víctimas directas e indirectas, tiende a normalizar la violencia, y puede estar relacionada a la obtención de beneficio a costa de perjuicios a particulares. Por todo esto, propone adicionar un artículo al Código Penal del Estado, para castigar estos actos, buscando un mecanismo de disuasión, que proteja la dignidad de las víctimas.