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Firman acuerdo de civilidad para el proceso 2021

En el marco de la firma de la Declaratoria de civilidad por los Derechos de la ciudadanía del proceso electoral 2020-2021 que suscribieron el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López y la Consejera Presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), Laura Elena Fonseca Leal, así como diferentes instancias, el jefe del ejecutivo convocó a los actores políticos y sociales a hacer de las próximas elecciones una oportunidad para fortalecer la democracia.

Carreras López hizo un reconocimiento a la voluntad de los representantes de los poderes del estado, los partidos políticos, organismos electorales y autónomos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pueblos y comunidades indígenas, la academia, los empresarios y los sectores de la sociedad, para crear un mejor marco de condiciones para la celebración de las elecciones del próximo año en el estado, “todos sin excepción debemos cuidar nuestra democracia” indicó.

Agregó que con la firma de esta declaratoria, se refrenda el compromiso de hacer del próximo proceso electoral un ejemplo más de la vocación democrática que ha caracterizado a la entidad a través de su historia “lo haremos haciéndolo con un proceso electoral que reafirme nuestra pluralidad política, civilidad política, cumplimiento irrestricto de la ley, respeto entre contendientes, libertad para ejercer el voto y propuestas a favor de San Luis Potosí”.

Laura Elena Fonseca Leal, Consejera Presidenta del CEEPAC, dijo que las condiciones de salud derivadas de la pandemia que se viven en México y en la entidad, imponen nuevos retos para el desarrollo del proceso electoral del próximo año, ya que las medidas de contención de la enfermedad, el cambio de vida, el ánimo social y los problemas económicos, deberán ser tomados en cuenta por las y los participantes en la contienda con estricto respeto a las y los ciudadanos, quienes son los verdaderos protagonistas del proceso.

Destacó que la entidad se encuentra ante un proceso electoral diferente, inédito y complejo en medio de un escenario de pandemia en el que tanto las y los integrantes del CEEPAC, actores políticos, autoridades gubernamentales y ciudadanía, participarán desde el ámbito que a cada uno le corresponde, actuando con responsabilidad para cuidar al mismo tiempo el derecho a la salud y los derechos políticos electorales.

Yolanda Pedroza Reyes, Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, señaló que el acuerdo que se celebra, es una acción que desde el ámbito de las autoridades tiene el objetivo de contribuir a equilibrar con su trabajo a la sociabilidad, ante un panorama en el que el proceso electoral tendrá acciones afirmativas que forman materia de las nuevas reformas legislativas, y el resultado de su ejercicio así como el trabajo en conjunto de las instancias, será un componente de gran importancia.

Por su parte, el Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado, Javier Montalvo Pérez, subrayó que los órganos de procuración de justicia tienen el reto de incorporar mecanismos y procedimientos que solidifiquen a las fiscalías para cimentarlos como una institución cuyo último fin sea la protección de la integridad y derechos de las personas, así como la salvaguarda del orden y la paz.

“De ahí la importancia de suscribir esta declaratoria, ya que se promueve y fomenta entre la ciudadanía una cultura de respeto a los principios que rigen las elecciones, las garantías individuales y a los derechos humanos”.

Además, firmaron el convenio la presidenta del Honorable Congreso del Estado, Vianey Montes Colunga; la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, Olga Regina García López; el Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado, Javier Montalvo Pérez; el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en el Estado de San Luis Potosí Pablo Sergio Aispuro Cárdenas; consejeros electorales, representantes de partidos políticos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Colegio de San Luis, entre otros.

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