Marcela Loyola
La Contraloría General del Estado acreditó la responsabilidad administrativa de 10 ministerios públicos, por la dilación y la falta de la debida integración de las carpetas en la Fiscalía General del Estado, en torno al caso de las víctimas de Noria de San José, y del que era el titular de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), Jorge Vega Arroyo, por no reparar a las víctimas incluidas en la Recomendación 7/2018 de la CEDH, así como por la deficiente asesoría jurídica.
La resolución del expediente CGE/DIAEP/EIA-155/2018 por parte de la Contraloría resolvió la responsabilidad de diez ministerios públicos, por la dilación y la falta de la debida integración de las carpetas incluidas en la recomendación 17/2018 de las víctimas de Noria de San José.
Mientras que del expediente CGE/DIAEP/EIA-055/2020 la resolución de Contraloría fue que el titular de la CEEAV por no reparar desde que acepto la recomendación 7/2018 de las víctimas de Noria de San José, y de otros funcionarios por la deficiente asesoría jurídica.
La víctima Griselda Haro dijo que los 10 ministerios públicos responsables, son: Octavio Augusto Cardoza Mora, investigador en la delegación de La Pila; María Otilia Sánchez, Socorro González Hernández, Juana María Aranda Nava, Berenice Mayagoitia Escamilla, Rosa Almendarez Vega, Perla Rivera Correa, Pérez Saucedo, Elisa Castillo Rangel, e Imelda Vázquez Martínez.
“Aunque afortunadamente, Jorge Vega Arroyo ya se fue de la CEEAV, es francamente desalentador y un despropósito que pretenda ocupar un alto puesto en la nueva administración que esta por empezar, un personaje oscuro que se dedicó desde que ocupó la CEDH, a entorpecer el acceso a la verdad y la justicia de las víctimas, que ha recibido varias recomendaciones de las comisiones de derechos humanos tanto nacional como estatal, y que seguramente desde su nueva posición de poder, continuara con el perverso objetivo de seguir con la violencia institucional, y silenciar e invisibilizar a las víctimas”, lamentó.
Haro reprobó que la Fiscalía tarda más de cinco años en integrar una carpeta, “con la consigna de que estas no prosperen, beneficiando a una inmobiliaria corrupta y corruptora, en contubernio con los funcionarios públicos, tratando de enterrar las violaciones a derechos humanos que se han cometido en la administración de Juan Manuel Carreras”.
Añadió que estas resoluciones documentan y son prueba plena, de la incapacidad y corrupción que se vive en la Fiscalía, y como desde la CEEAV, se opera para servir a intereses ajenos a las víctimas, “ya sea litigando su reparación como en nuestro caso, limitando y acotando el derecho a la justicia, con una deficiente asesoría jurídica porque lo que menos les importa son las víctimas, y esta Comisión que debiera servir a las víctimas no cumple con ese propósito”.
