Marcela Loyola
El delegado del INE en San Luis Potosí, Pablo Aispuro Cárdenas, reconoció que se ha vuelto todo un proceso “tortuoso” con presión financiera y política, para que se pueda desarrollar este año el proceso de revocación de mandato del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.
Así lo declaró en el marco de la instalación de la sesión extraordinaria del Consejo de la Junta Local Ejecutiva para la eventual Revocación del Mandato del presidente, que se llevaría a cabo el próximo 10 de abril de 2022.
Aispuro Cárdenas dijo que tras las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de la Sala Superior del TEPJF, el INE ha tenido que avanzar en el proceso, pese a la falta de recursos para poder realizar la consulta.
“En la última determinación jurisdiccional nos deja en la situación de contabilizar y una vez determinado que se va a celebrar, tendríamos que volver a revisar los recursos institucionales concedidos, ver qué nuevo ajuste podemos hacer y luego hacer del conocimiento de la Secretaría de Hacienda y Gobernación que se nos ha instruido”, aseveró.
El funcionario federal señaló que están obligados a instalar las 162 mil casillas igual que en la elección de junio pasado, pero se deberá responder a la resolución, fundar y motivar y allegar al INE los recursos necesarios.
“Este es el contexto opresivo digamos en términos presupuestales, en términos políticos, ustedes saben el momento que está atravesando el INE, pero la institución como siempre habrá de cumplir con lo que mandata la Constitución, la ley, los fallos de la Corte y del Tribunal Electoral”, afirmó.
Pablo Aispuro recordó que la Ley de Revocación de Mandato se aprobó el 14 de septiembre pasado por parte del Congreso de la Unión, luego que un mes antes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) instará a los legisladores a hacerlo, lo que ocasionó que el proceso fuera “tortuoso” y actualmente se encuentre sin la certeza.
Expuso que ha sido tortuoso porque faltan por validar el 3 por ciento como mínimo del listado nominal nacional y en 17 entidades federativas con las firmas de apoyo, principalmente las que fueron expedidas en papel, pero debido al recorte presupuestal tuvieron que acordar una posposición de la fecha de la consulta y tratar de adecuarla a los mil 500 millones de pesos de ahorros y no con los 3 mil 800 millones que cuesta.