De acuerdo a una investigación de Citizen Lab de la Universidad de Toronto, en conjunto con la organización Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y SocialTIC, se dio a conocer que Pegasus ha vuelto, ahora con periodistas que trabajaron al lado de Javier Valdez, periodista de Sinaloa asesinado por el crimen organizado.
Cabe recordar que varios políticos y funcionarios potosinos fueron vinculados en la compra que hizo la PGR del programa Pegasus, se utilizó una empresa fachada.
En el noticiero de Carmen Aristegui en Radio Centro se informó que “el asesinato del periodista Javier Valdez detonó nuevos intentos de infección con el uso del software espía Pegasus, un malware que compromete toda la información de un teléfono celular cuando las víctimas dan click a contenidos engañosos, descargando un virus informático que se instala en sus móviles”
De acuerdo a la nota del reportero Juan Omar Fierro, “las víctimas del malware fueron Ismael Bojórquez y Andrés Villarreal, periodistas y compañeros de Valdez en el semanario sinaloense Ríodoce, de acuerdo con un nuevo informe elaborado por Citizen Lab de la Universidad de Toronto, en conjunto con la organización Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales ( R3D) y SocialTIC.
“El reporte documenta seis mensajes con enlaces a la infraestructura del malware Pegasus que fueron enviados a los teléfonos de Villarreal y Bojórquez entre el 17 y el 26 de mayo de 2017, es decir, que los intentos de infección iniciaron dos días después del crimen de Javier Valdez, cuando la Procuraduría General de la República ya había iniciado las investigaciones del caso.
“El homicidio de Javier Valdez ocurrió en Culiaćan, Sinaloa, el 15 de mayo de 2017 cuando el autor de nueve libros salió de las instalaciones del semanario del que era fundador. Su cuerpo recibió 12 impactos de bala y sus asesinos, identificados con el narco, robaron los documentos que traía ese día, así como su computadora y su teléfono celular.
“El nuevo reporte de Citizen Lab también demuestra que las autoridades presuntamente a cargo del software espía, cuya venta sólo está permitida a gobiernos según la compañía NSO Group, siguieron utilizando el virus intrusivo dos meses después de la primera denuncia pública que se presentó por el uso ilegal de Pegasus.
“El 11 de febrero del 2017 Citizen Lab dio a conocer el uso del software intrusivo contra tres activistas por el derecho a la salud y a favor de imponer un impuesto a los refrescos, una lista que ha ido aumentando hasta llegar a 24 objetivos civiles, entre los que se encuentran la periodista Carmen Aristegui y su hijo Emilio; los abogados del Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez y hasta los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) que coadyuvaron en el caso Ayotzinapa”.