El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por mayoría calificada, la reforma constitucional que extiende la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028.
El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 339 votos a favor, 155 en contra y dos abstenciones y fue enviado los congresos locales para su ratificación. Se desecharon todas las reservas presentadas.
Los votos a favor correspondieron a casi la totalidad del grupo parlamentario de Morena (199), las bancadas completas de PVEM (41) y PT (32), la mayoría de los legisladores del PRI (64) y tres diputados del PRD.
En contra votaron los grupos parlamentarios del PAN (133), Movimiento Ciudadano (25), así como 12 diputados del PRD, dos del PRI y los morenistas Inés Parra, Roberto Valenzuela y Manuel Vázquez Arellano -antes conocido como Omar García-, sobreviviente de Ayotzinapa.
Las abstenciones correspondieron a la diputada morenista Adela Ramos y a la priista María José Sánchez.
Luego de ocho horas de discusión, los legisladores aprobaron el proyecto con las modificaciones hechas en el Senado de la República, que incluyen la creación de una comisión bicameral para analizar y dictaminar los informes que rinda el Ejecutivo al Congreso, que ahora serán semestrales.
Además, los titulares del Gabinete de Seguridad federal podrán ser citados a comparecer ante dicha comisión, y desde 2024 se observará la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, con partidas presupuestales especiales.
La reforma permite al presidente de la República disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Se establece que esta participación debe ser extraordinaria, temporal, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
El dictamen indica que la Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de la Constitución Política.
Además, señala que las acciones que lleve a cabo no sustituirán a las de las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximirán a estas autoridades de sus responsabilidades.
Establece que el Ejecutivo deberá presentar al Congreso de la Unión un informe semestral, “proporcionando indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”.
Este informe será analizado por una Comisión Bicamaral que se creará en un plazo no mayor de 60 días desde la entrada en vigor del decreto.
El dictamen indica que la Cámara de Senadores garantizará que luego de 2028, la Fuerza Armada concluirá su participación en las tareas de seguridad pública, para que éstas sean asumidas completamente por la Guardia Nacional, así como por las policías estatales y municipales.
Entre los cambios introducidos por el Senado, está el de la creación de un fondo permanente de apoyo a los estados y municipios a partir del ejercicio fiscal 2023. Este fondo no podrá ser menor porcentualmente que el incremento en los recursos destinados a la Fuerza Armada permanente y a la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública.
Este fondo se distribuirá proporcionalmente de acuerdo con el número de habitantes con que cuenta cada estado, según datos del INEGI.
Con información de: Aristegui Noticias