Al externar que la región Huasteca recibe por parte de su Gobierno una atención prioritaria en el perfeccionamiento de estrategias para garantizar la protección ciudadana y defensa contra hechos delictivos, el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, dirigió por segunda vez en el municipio de Tamuín la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad, este día.
Acompañado por autoridades de los tres niveles de Gobierno en materia de seguridad y justicia, el Mandatario declaró que todos los días hay esfuerzo y trabajo de las instituciones, para ofrecer a las y los potosinos las condiciones idóneas para vivir sin miedo: “las familias merecen sentirse protegidas en los 58 municipios, y eso lo estamos construyendo al visitar a las y los alcaldes para conocer qué es lo que no están haciendo para afianzar la seguridad”.
Hizo nuevamente un enérgico llamado a las y los presidentes municipales para que asuman su responsabilidad en la prevención del delito y fortalecimiento de la proximidad social con las y los habitantes, así como tener rectitud e interés en la capacitación de sus cuerpos policiacos, dotándolos de las herramientas y preparación necesarias, licencias estatales y aplicación de exámenes de control y confianza.
Gallardo Cardona reconoció que en la Huasteca hay ayuntamientos que no desempeñan labores acordes a las necesidades en seguridad que demandan las familias, y especificó que ninguno de los municipios de la zona ha coordinado el funcionamiento de cámaras de videovigilancia con las autoridades del Estado. “De qué sirve tener una base del Ejército Mexicano si siguen pasando sucesos, es porque no tiene información; sin información no pueden trabajar. Venimos a ver qué está pasando”, dijo al afirmar que se carece de la voluntad municipal para brindar información valiosa a los cuerpos de seguridad.
Por otra parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, General Guzmar Ángel González Castillo, coincidió en que los 58 municipios deben vigilar y aplicar correctamente el presupuesto asignado para tareas de seguridad pública, y prevalecer que sea un ejercicio primordial en sus administraciones.