Tras realizar un recorrido aéreo y a pie en la presa de El Realito, ubicada en los límites de San Luis Potosí y Guanajuato, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, afirmó que este proyecto es otra herencia maldita que padecen las y los potosinos, quienes debido a las fisuras que presenta el embalse se quedarán sin agua, por lo que no descartó emprender acciones legales contra funcionarios de administraciones estatales y federales anteriores, que convirtieron a El Realito en una obra patito.
Durante el recorrido y al detectar las fugas de agua en las distintas fisuras de la presa, Gallardo Cardona exhortó a las y los potosinos a no volver a permitir que la herencia maldita gobierne y haga obras deficientes y peligrosas, que solo beneficia a unos cuantos y que saquean el dinero público.
“Se fuga más agua de la que llega a San Luis Potosí, nos encontramos con un problema grave de alto impacto, tenemos la fuga, las fallas en el ducto, pero eso no es todo, el problema es que la presa ya presenta falta de agua. Los especialistas afirman que la reparación tardaría entre ocho o 10 meses con un costo de 60 millones de pesos”, expresó el Gobernador del Estado.
Acompañado por el alcalde y presidente de la junta de Gobierno del organismo operador de agua Interapas, Enrique Galindo Ceballos, el Mandatario Estatal anunció que el Gobierno del cambio apoyará al ayuntamiento capitalino que se comprometió a diseñar un plan emergente para el aprovechamiento de agua en los pozos existentes, incluida la detección de pozos clandestinos, medida que celebró el Gobernador.
Por su parte, el edil, Enrique Galindo Ceballos, agradeció el respaldo del Mandatario Estatal, en el proyecto de poner en operación algunos pozos y recuperar aquellos que se encuentran de manera clandestina “con el apoyo de la CEA y la Conagua vamos a tener que emprender acciones porque la zona metropolitana no se merece eso, tenemos identificados algunos pozos en empresas y necesitamos que se recuperen”.
Al recorrido acudieron funcionarios estatales de la Comisión Estatal del Agua (CEA), y del Interapas, así como directivos de la empresa concesionaria Aquos.