El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas determinó que autoridades mexicanas torturaron y detuvieron arbitrariamente a Mario Almanza, Jorge Hernández y Sergio Rodríguez, quienes llevan más de 20 años en prisión sin sentencia.
Los tres imputados fueron detenidos sin orden de aprehensión el 13 de agosto de 2002 por agentes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tlaxcala vestidos de civil, a bordo de vehículos no balizados, y fuera del área territorial de su competencia.
De acuerdo con la versión de las autoridades, los tres fueron encontrados por los agentes en posesión de cocaína, por lo que procedieron a arrestarlos bajo el supuesto de flagrancia. Asimismo, fueron presentados en una conferencia de prensa como secuestradores.
Sin embargo, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) ha denunciado que durante la detención y el proceso judicial, los elementos torturaron a los tres hombres para obligarlos a confesar un crimen que no cometieron. Asimismo, afirma que los agentes tlaxcaltectos sembraron la droga.
En la adopción de su opinión, emitida el pasado 15 de junio, el organismo de la ONU determinó que la detención de Almanza, Hernández y Rodríguez fue arbitraria ya que no fueron informados de las razones de su arresto y las autoridades no contaban con órdenes de aprehensión.
Además, encontró que la conferencia de prensa en que las víctimas fueron exhibidas como delincuentes comprometió su presunción de inocencia. Igualmente consideró que el Estado mexicano violó su derecho a un juicio sin demora, ya que llevan más de 20 años en prisión sin obtener una resolución definitiva.
Por último, el Grupo de Trabajo también determinó que las autoridades no garantizaron un juicio justo, al someter a torturas y malos tratos a las víctimas.
Debido a ello, pidió al Gobierno de México liberar a los implicados y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación. Asimismo, instó a las autoridades a investigar las circunstancias de las detenciones y adoptar medidas contra los agentes que cometieron las violaciones a los derechos humanos.
Ante esto, la CMDPDH hizo un llamado al Estado Mexicano a acatar la decisión del Grupo de Trabajo y ordenar la libertad de los implicados.
Con información de Aristegui Noticias