Los temas de seguridad pintaron un buen escenario esta semana, al menos en eventos públicos. Le dejaron buen saldo político a las autoridades estatales, entre la reunión nacional con la presencia de la joven secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde y el espaldarazo de la secretaria Rosa Icela Rodriguez, seguro le dejaron buen sabor de boca a más de uno en el gabinete estatal.
Además, el trabajo político en el Congreso del Estado, rindió frutos a pesar de uno que otro arrepentido de la oposición, a quien por cierto, el propio gobernador reprochó públicamente ayer. Ya están listas las fechas, y los diputados, obedientes o disciplinados, atendieron la línea y recorrieron las fechas para el inicio del proceso electoral para esperar a que concluya el plebiscito y se sume a la elección del alcalde del nuevo municipio 59.
Aunque quizá se avecine alguna disputa con el CEEPAC porque al parecer hay diferencias hay graves diferencias en los montos que se necesitan, no solo para el plebiscito del 24 de septiembre, sino para todo el proceso electoral del año próximo.
La declaraciones del gobernador de ayer, parecieron deslizar una advertencia a los diputados, para que sigan como aliados y a cambio, quizá les conceda el presupuesto para un nuevo inmueble.
Lo que no se explica muy bien es cómo siguen creciendo las necesidades de espacios, presupuestos y hasta ese nuevo y lujoso edificio que quieren comprar para el Poder Legislativo mientras sus aportes y productividad legislativa a favor de la ciudadanía, parece no crecer mucho.
Una de las evidencias de su pobre trabajo legislativo, lo mostró un boletín de ayer a través del cual se informa que la Comisión de Salud aprobó “reformas a la Ley para extender servicios (de salud) a grupos vulnerables”. Siguen legislando como en el siglo pasado. Como si de un plumazo se resolvieran las carencias estructurales de este país y con esas modificaciones generales y se asegurara presupuesto, cobertura, clínicas, hospitales, medicamentos, equipos, personal especializado, etc.
Y seguramente habrá muchos que digan que eso está en la cancha del Poder Ejecutivo, pero solo es parcialmente cierto, dado que los legisladores deberían sentar las bases legales para garantizar que eso ocurra en la realidad, en lugar de seguir haciendo mas leyes huecas y con poca esperanza de que realmente incidan en las precarias condiciones de una de las más graves urgencias sociales por resolver: el colapsado sistema de salud.
Por Lidia Juache