La agricultura y ganadería de nuestro país, reciben agua subsidiada, pese a que son las actividades productivas en donde hay menor control del uso excesivo e ilegal del agua, situación que hace más compleja la crisis del vital líquido, en donde según la Organización de las Naciones Unidas, el consumo de agua por y para las personas debe ser prioridad asegura la doctora Violeta Mendezcalo Silva investigadora de la Facultad de Derecho abogado Ponciano Arriaga Leija de la UASLP.
Para la investigadora e integrante del grupo Universitario del Agua y del cuerpo académico Organización Estatal y Derechos Humanos Emergentes, esta situación que vive México hace que el Gobierno quede a deberle a la población, pues es públicamente conocido como se prioriza la llegada del agua para la industria, sobre las comunidades y sus poblaciones, ignorando de manera fragrante el derecho humano al agua, el cual debe ser una prioridad en todos los sentidos.
Mendezcalo Silva recordó que a partir del 2012, cuando se introdujo en la Constitución Mexicana, en el artículo cuarto, el derecho humano al agua, y en ese entonces se estableció un plazo de un año para que se emitiera una Ley de Aguas Nacionales, en consonancia con todos los elementos del derecho humano al agua, y es fecha que no se realiza esta legislación, pese a que han pasado 12 años, el derecho humano al agua no está normado en nuestro país.
La investigadora aseguró que, debido a esto, las ciudades siguen compitiendo como asentamientos humanos contra la industria y la ganadería que tiene sus intereses, sin entender la prioridad que marcan los organismos internacionales sobre el consumo humano.
La falta de legislación nacional impide además según la investigadora de la Facultad de Derecho que se puedan transformar las prácticas negativas en positivas, pues no hay legislación que obligue a respetar normas y al no haber, todas las sanciones administrativas o de regulación laterales serán laxas, pues toda la política pública en torno al uso y cuidado del agua está sin normar.
Todo lo anterior, indicó la docente Universitaria, se da en un marco en donde diferentes asociaciones civiles, instancias públicas, académicas, organizaciones no gubernamentales y personas físicas han realizado propuestas de una Ley Nacional de Agua que esté en función del derecho humano al agua, sin lograr tener éxito dentro de los grupos que conforman el poder legislativo federal.