El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que habrá total transparencia en la apertura de archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que estaban reservados y ahora serán abiertos para consulta de los historiadores y la población en general.
En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, indicó que sólo se respetarán las limitaciones que establece la ley, lo relacionado con la protección a niños y familiares de víctimas, “lo que pueda afectar, dañar, la dignidad de las personas, los derechos humanos”.
A su vez, el subsecretario de Gobernación, Zoe Robledo, refirió que el acuerdo publicado ayer instruye a todas las instituciones a entregar la información de 1985 a la fecha al Archivo General de la Nación, especialmente lo relacionado con derechos humanos, actos de corrupción, persecución política.
Tras hacer recuento de la integración de las dependencias de seguridad nacional, indicó que anteriormente la apertura de archivos era simulada pues la información que se entregaba era administrada por el propio Cisen, no por el Archivo General de la Nación.
No se había, dijo, concretado una apertura ordenada y ahora se plantea así en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación para garantizar el derecho a la memoria histórica del país, “la intención es máxima publicidad, poniendo por delante el interés público y la verdad, que no permita ningún tipo de simulación”.
No se investigará información reservada del Cisen
El director del Archivo General de la Nación (AGN), Carlos Enrique Ruiz, afirmó que el gobierno federal abrirá todos los expedientes que se tengan que abrir, pero aclaró que el Estado no va a investigar los archivos reservados del Cisen.
En la conferencia matutina del presidente López Obrador, Ruiz aseguró que esa tarea de revisar la información y la documentación de hechos y personajes corresponde a los investigadores y al público en general.
En el anuncio de la apertura para consulta pública de archivos del Cisen, precisó que tienen 28 días para dar a conocer los lineamientos para la entrega de la información y 180 días para que las autoridades federales se coordinen con todas las instituciones públicas para darles a conocer el procedimiento para la transferencia de los documentos.
Con información de El Economista.