La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un informe oral sobre la situación en Venezuela donde exhortó a las partes involucradas a llegar a un acuerdo para alcanzar una “solución política”.
Bachelet pidió a las autoridades adoptar medidas “para mejorar una amplia gama de problemas urgentes de derechos humanos” que atraviesa el país sudamericano, según la organización que dirige.
Además, explicó que un equipo técnico de su oficina se encuentra en Venezuela desde la semana pasada evaluando la situación y que desde junio de 2018 “el ejercicio de los derechos sociales y económicos ha seguido deteriorándose continuamente”.
Bachelet aseguró que se han visto “especialmente afectados” los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos e indígenas, y que “las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis” por lo que “las medidas que han adoptado no han sido suficientes”.
Hace un mes el Gobierno venezolano aceptó la oferta de Asistencia Técnica ofrecida por la Unión Europea (UE), a través de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para abastecer al país de medicinas y equipos médicos que no han podido adquirirse debido al bloqueo de las cuentas estatales en el exterior.
De igual modo, a finales de febrero, llegaron al territorio venezolano 7,5 toneladas de medicamentos, equipos y material descartable procedentes de Rusia, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Preocupación por las sanciones
Por otro lado, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su preocupación por el hecho de que las sanciones a la venta de petróleo venezolano impuestas por EE.UU. “puedan contribuir a agravar la situación económica” en el país, “con posibles repercusiones sobre los derechos básicos y el bienestar de la población”. Sin embargo, aclaró que la “devastadora crisis social y económica” comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas en 2017.
A finales de enero, John Bolton, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, anunció sanciones contra PDVSA, entre las que se encontraban el bloqueo de los pagos que hagan empresas estadounidenses al comprar crudo venezolano; el congelamiento de unos 7.000 millones de dólares en activos de su subsidiaria en EE.UU., Citgo, además una pérdida estimada de 11.000 millones de dólares de sus exportaciones durante los próximos años.
Si bien las medidas punitivas contra Venezuela se han recrudecido tras la autoproclamación del diputado opositor Juan Guaidó como “presidente encargado” –que cuenta con el apoyo de EE.UU., Canadá y un grupo de países de América Latina y Europa–, un estudio del Centro de Estratégico Latinoamericano de Geopolítica arrojó que desde 2013 a 2017 el país ha perdido unos 350.000 millones de dólares por las sanciones.
Apagón y ‘crisis humanitaria’
Además, Bachelet atribuye el apagón que dejó sin energía eléctrica a casi toda Venezuela por cinco días a “los problemas de infraestructura que afronta el país” y ha alertado de que “la interrupción” del suministro “ha agravado la situación”, al reducir “aún más el acceso de la población a los alimentos, el agua y los medicamentos”.
Por su parte, el Gobierno venezolano ha conformado un equipo multidisciplinario, con la colaboración de otros países, para investigar las causas de lo que considera un “ataque electromagnético” sobre el cerebro de la Hidroeléctrica del Guri, que surte de energía al 70 % del país.
La alta comisionada también catalogó como “vasta crisis humanitaria” el hecho de que “más de tres millones de personas han huido de Venezuela”. Sin embargo, Caracas ha afirmado que el término ‘crisis humanitaria’ no se aplica en este caso debido a que existen acciones del Estado destinadas a las poblaciones más vulnerables, para paliar la crisis económica, y que es una “excusa” que busca allanar el camino para una intervención militar.
Con información de RT.