“La violencia feminicida es un fenómeno que requiere atención prioritaria por los diversos Poderes en el Estado, así como sus distintos órdenes. Es por ello que se requiere implementar estrategias para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia. Asimismo, exhortamos a las autoridades de procuración de justicia que fortalezcan su compromiso con este tema”, demandaron las parlamentarias potosinas en la Declaratoria del “Primer Parlamento de Mujeres del Congreso del Estado de San Luis Potosí”.
Hicieron un llamado enfático para el etiquetado y reetiquetado de presupuestos públicos que garanticen el cumplimiento de las políticas de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Por lo que es importante que el Congreso del Estado conmine al Gobierno y Municipios para prestar especial atención en el presupuesto con perspectiva de género.
También se comprometieron a promover, vigilar y dar seguimiento a las acciones legislativas encaminadas a fortalecer el marco normativo que las protege en el Estado.
Todas las mujeres merecemos el disfrute de la igualdad sustantiva, por lo tanto se debe incluir a todas las mujeres en todas las actividades sin importar nuestra condición.
Resulta fundamental generar las condiciones para el acceso efectivo a los derechos sexuales y o reproductivos, poniendo énfasis en la construcción de un marco legal que deje de criminalizar nuestra decisión para interrumpir el embarazo para decidir en dónde y con quién atender sus partos y para garantizar que la atención de estos últimos ocurra en contextos libres de violencia obstétrica.
Localizamos diversas deficiencias en el marco normativo relacionado con la violencia política. Hoy en día, este tipo de violencia arremete contra las tomadoras de decisiones de manera cotidiana. Por lo que es importante que se reformen, adicionen y construyan reformas relacionadas con el acceso a la justicia para víctimas de este tipo de violencia.
Reconocemos la diversidad de mujeres por lo que exhortamos al Estado incorporar políticas públicas tendientes a transversalizar los principios constitucionales de igualdad y no discriminación. Para de esta manera incrementar el bienestar de las mujeres indígenas, mujeres con alguna discapacidad, mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, niñas, adolescentes, mujeres jóvenes, mujeres trans y mujeres migrantes.
Nos apropiamos de diversos espacios, que históricamente nos han negado. En el ámbito laboral, académico, empresarial, cultural, tecnológico, político, así como en el desarrollo económico, porque las mujeres estamos reduciendo la brecha de desigualdad y exigimos paridad. Sin este principio es difícil acceder a la democracia sustantiva.