La querella presentada por la dirección general del INTERAPAS interpuesta ante la Fiscalía General del Estado incluye dos delitos graves como el robo calificado y la asociación delictuosa, además del fraude genérico y simulado, el peculado, la distracción del fondo público, y el ejercicio abusivo de funciones y el ejercicio ilícito de atribuciones, de esta manera lo detalló el abogado que lleva el caso, Gustavo Barrera López, quien además puntualizó que la autoridad competente deberá investigar el destino de más de 249 millones de pesos por los servicios médicos-hospitalarios otorgados por la empresa AXIOMA KASURI.
Acompañado por el Secretario General del Ayuntamiento, Sebastián Pérez García y del titular del organismo intermunicipal, Ricardo Fermín Purata Espinosa; el jurista especialista fue muy claro al señalar que la pena pública solicitada no sólo comprende la cárcel y la restitución del dinero desviado, sino la suspensión o inhabilitación en caso de los funcionarios públicos, “por lo que esperamos que la pena sea completa”.
La querella es en contra de 60 personas físicas y 16 personas morales, en el caso de éstas últimas, en las más recientes investigaciones se detectó que AXIOMA KASURI de esa manera dispersaba los recursos, de ahí que se pidió la intervención de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, así como de la unidad de análisis de inteligencia financiera de la Fiscalía General de la Federación.
También Barrera López destacó que se hizo un análisis serio y profesional de los contratos y de la simulación jurídica de los mismos, porque se detectaron elementos para calificar que se llevó a cabo un robo maquinado, entre otros delitos, de los cuales al menos dos no alcanzan fianza.
Insistió igualmente en el aumento sin justificación de más del 300% en el costo de los servicios médicos y hospitalarios por empleado y beneficiarios, adicional que en los cuatro contratos que signó el INTERAPAS con AXIOMA KASURI, el domicilio otorgado se ubicó en la zona universitaria, pero resultó que ahí se localiza una papelería; y también dieron otros domicilios y se identificaron consultorios, pero que no son propiedad de la citada empresa.
En su intervención, el secretario general, Sebastián Pérez aclaró que no se trata de una revancha, “sino un acto de justicia esta denuncia ante el engaño en contra de tres municipios – la capital, Soledad y Cerro de San Pedro-, y por supuesto en contra de sus habitantes, la cual se suma a las ya interpuestas por las los casos de camino a la presa, la compra de medicamentos, la nómina maestra y la obra fallida pero sí financiada de avenida Fray Diego de la Magdalena”.
Reafirmó que el sello de la actual administración capitalina es el combate a la corrupción, de ahí que se continuarán con las denuncias en contra de quienes resulten responsables, “lo que es un hecho histórico por parte de la autoridad municipal, a las que se les dará el seguimiento puntual para que se aplique la ley y no haya impunidad como lo exige la misma sociedad”.