Dar cargos públicos a familiares es una práctica que no se ha evitado en la actual administración. Y es que con el reciente nombramiento de Bertha Alcalde, hermana de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, como secretaria ejecutiva adjunta en un área del Sistema Nacional de Seguridad Pública, suman ya cinco de 21 integrantes del gabinete federal que tienen un familiar directo trabajando en la administración pública.
Si bien, el hecho de que un hermano, hijo o sobrino trabaje en una dependencia diferente a la de un funcionario público no es un delito, para los expertos estas designaciones frenan el desarrollo del servicio profesional de carrera e impiden fortalecer los mecanismos para evitar conflictos de interés y la rendición de cuentas.
El riesgo de contratar familiares
El común denominador del arribo de estos parientes de los funcionarios públicos es que llegaron al los cargos por designación y no por tener una trayectoria previa al interior de las dependencias en las que ahora laboran, circunstancia que para los expertos tiene efectos negativos.
“El problema de no tener un servicio profesional es que se favorece más a los leales que a los expertos. Es un detrimento de la administración pública y podría ser potencialmente un acto de corrupción”, dice Fernando Nieto, investigador del Colegio de México (Colmex).
César Sánchez Gaona, de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, aclara que estos casos no se pueden clasificar como nepotismo, pues la ley es muy especifica y lo clasifica cuando a una persona que es servidor público hace la contratación de familiares, amigos o cónyuges en la misma dependencia en la que labora.
“No tenemos una regulación apropiada para tratar con el nepotismo”, dice el experto al señalar que lo que se puede hacer desde la sociedad civil es verificar que estos funcionarios cumplan con el mandato que se les otorgó.
Familiares y colegas
Y como no es nepotismo, los casos de familiares contratados en el gobierno empieza a hacerse notar: además de la hermana de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, se suman cuatro más.
Entre los más conocidos está el de la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, quien junto con su hermano Pablo Amílcar, fue elegida por el presidente, de manera directa, para ocupar un puesto en su administración.
Pablo Amílcar Sandoval se desempeña como delegado de programas sociales en Guerrero, un cargo que depende de la Secretaría del Bienestar, pero que es palomeado por el propio presidente de la República; de acuerdo con el portal que transparenta los sueldos de los funcionarios públicos, el hermano de Irma Eréndira recibe un salario de 85,145.84 pesos.
En contraste, la hermana de Luisa María Acalde, Bertha Alcalde puede argumentar que ella no fue designada como secretaria ejecutiva adjunta del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), por el presidente, sin embargo, no llegó al puesto por tener una trayectoria sino por el designación directa del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo.
A la fortuna de tener trabajo en el gobierno, se agrega que las hermanas Luján tienen salarios cercanos a los 100,000 pesos. Mientras que la primera tiene un sueldo neto, al igual que todos los secretarios, de 107,283.76 pesos, Bertha tiene un salario de de 97,066.26 pesos, cantidad 3,405 pesos menor a la que cobraba como inspectora general de la Segob. Todas estas cifras y puestos fueron obtenidos en el portal Nómina Transparente de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Las hermanas Alcalde Luján son conocidas también por ser hijas de Bertha Luján, actual secretaria general Morena que busca competir por la dirección del partido y relevar a Yeidckol Polevnsky.
A esas dos familias destacadas de la 4T se suman las familias Torruco, Bartlett y Márquez.
Miguel Torruco Garza, encargado del Programa de la Comisión de Box, es hijo de Miguel Torruco, secretario de Turismo.
Otro es el superdelegado de Puebla, Rodrigo Abdalá, quien es sobrino de Manuel Bartlett, titular de la CFE. Estos cuatro puestos fueron elegidos por el Ejecutivo.
En esta administración de familias no sólo hay relaciones consanguíneas, también destacan las de pareja; una de estas relaciones es la del matrimonio conformado por la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y el subgobernador de Banxico, Gerardo Esquivel. En este caso, las selecciones para esos casos provienen de López Obrador, la primera como nombramiento directo, mientras que a Esquivel lo propuso ante el Senado y los legisladores lo avalaron.
Y un pilón
A nivel de subsecretario también hay casos: como el Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, cuyo hijo Alejandro Encinas Nájera es titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Secretaría del Trabajo o el de los hermanos Carlos y Antonio Martínez Velázquez. El primero es director de Infonavit y el segundo es director de comunicación de la Secretaría de Cultura, cuyo sueldo es de 85,145 pesos netos.
¿Ilegal o inmoral?
Ya se mencionó que ninguno de los casos de familiares que laboran actualmente en el gobierno federal podría ser considerado como nepotismo; sin embargo, sí podría contradecir el punto 26 de los 50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana del Ejecutivo federal, el cual señala: “no podrá contratarse a familiares”.
Esto aunado a que en numerosas ocasiones López Obrador se ha manifestado en contra de favorecer a familiares desde el gobierno; incluso, en junio pasado, instruyó a los servidores públicos en un memorándum a no permitir la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ni ninguna de las “lacras de la política del antiguo régimen”.
Aun cuando no se ha hecho este llamado desde el gobierno federal, el académico del Colmex Fernando Nieto asegura que no se ha visto una política que ayude a que quienes lleguen a los cargos sean competentes.
“No he visto que esta administración tenga particular interés en avanzar en la construcción de servicio civil, independiente, en que entren aquellos que son expertos, que pasan exámenes, que sean independientes”, dice.
La urgencia de los expertos es que se fortalezcan los mecanismos de rendición de cuentas y de carrera civil.
De acuerdo con César Sánchez, menos del 6% de los empleados de la Administración Pública Federal pasan por este proceso y la Ley del Servicio Profesional de Carrera solo abarca los puestos de director General, director de Área, subdirector de Área, jefe de Departamento, y enlace, por lo que no augura un cambio en la contratación de altos mandos.
Por Expansión Política.