El grupo de comuneros de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, en resistencia contra la “aportación” de más de 2 mil hectáreas de sus tierras comunales a 83 pesos el metro cuadrado al poderoso fraccionador Carlos López Medina y sus socios, consideran que la estabilidad del gobierno de Juan Manuel Carreras López está en juego si avala lo que consideran un “vil despojo”.
Tienen la esperanza de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, enterado del asunto, no permita esta operación multimillonaria de la que los comuneros solo verán migajas, cuando son ellos los que aportan su único patrimonio y los inversionistas se llevarán la mayor parte de las ganancias, además de poner al punto del agotamiento los recursos naturales, flora y fauna de la Sierra de San Miguelito.
El negocio en despoblado se tambalea, aseguran que el “Chato” anda “desesperado”, le atribuyen la toma de la delegación de la Procuraduría Agraria a través de comuneros bajo su control, mostrar una falsa mayoría que está a favor de aceptar la desventajosa oferta del dueño del Club La Loma.
Denunciaron además que López Medina azuza la confrontación y la violencia entre comuneros y contra la Procuraduría Agraria, con el objetivo de que la autoridad agraria avale de forma ilegal una asamblea de aportación del año 2013. La violencia como recurso de los capitalistas sin escrúpulos para seguir acumulando más y más dinero.
Aseveran que la Procuraduría Agraria aclaró que sin opinión expresa no asistirán. Sin embargo, los empresarios pretenden crear de manera artificial condiciones a su favor, sin que exista el cambio de uso de suelo, proyecto de escritura social y un avalúo verídico.
Asimismo denunciaron que el desarrollo inmobiliario va a utilizar el agua de pozos privados, ampliando la red de Aguas del Poniente y además, si le falta usaría también de El Realito. Esta información se sustenta en el oficio CEA/DG/2017/938 de fecha tres de noviembre del 2017, emitido por la Comisión Estatal del Agua.
El asesor jurídico Carlos Covarrubias informó que el gobierno de Juan Manuel Carreras pretende cerrar la negociación del pago de un adeudo por más de 300 millones de pesos con la Comunidad, por no haberse pagado el derecho de vía en el año 1975, cuestión que ya fue materia de un juicio resuelto a favor de la Comunidad San Juan de Guadalupe en el expediente 508/2009.
“En este sentido se pedirá la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Congreso del Estado para que no se chantajee a los comuneros con el pago de ese adeudo”.
Aniceto Jasso Bravo, quien fuera Comisariado de Bienes Comunales de 2009 a 2012, señaló que el empresario Carlos López Medina se comprometió en 1983 y posteriormente en 2002, a restituir 9 hectáreas del predio Casablanca que quedaron fuera de los procedimientos de regularización en esa zona, situación que ahora niega el desarrollador.
“Esta es una muestra de la falta de palabra y de la facilidad con la que el Chato López miente y engaña a los comuneros”.
Asimismo los comuneros señalaron que el empresario invadió 40 hectáreas de tierras comunales, sobre las que se extendió en el área del Club de Golf La Loma, “que no se haga que la virgen le habla”, comentó Jasso Bravo.
Los comuneros también informaron que se les ha querido chantajear con un supuesto préstamo de 82 millones de pesos, que se utilizó para enganchar a muchos comuneros. Dicha cuestión ha sido manipulada, ya que más de 60 comuneros se negaron a firmar convenio alguno, y por otra parte el único documento que existe es un contrato de prestación de servicios, en el que López Medina se obligaba a obtener el cambio de uso de suelo, de un área de 1 700 hectáreas. “Según él los comuneros le deben por ese trabajo que jamás logró, los 82 millones de pesos”.
Por otra parte señalaron que Alejandro Tamayo argumenta que rentó 2 100 hectáreas por 50 millones de pesos, sin embargo los comuneros no recibieron un solo peso.
“Es un asunto muy grave, pues el “Chato” López reta a los comuneros a un enfrentamiento violento, apoyado en el Ayuntamiento sumiso y utilizando al Gobierno del Estado para operar una contra campaña. Es un patrón que maneja la ultraderecha en muchos lugares, se utilizan las necesidades y la pobreza de la gente para crear escenarios asistenciales y reprimir a quien se oponga”, concluyó el asesor Carlos Covarrubias.
