Los diputados integrantes de la Coalición Juntos Haremos Historia dieron a conocer la Agenda Legislativa que elaboraron junto con la sociedad, para atender sus principales preocupaciones y propuestas que permitan al Poder Legislativo estar a la altura de sus exigencias y dar resultados en temas que benefician a todos.
El coordinador del Grupo Parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) diputado Edson Quintanar Sánchez, las legisladoras de ese partido Angélica Mendoza Camacho, Marite Hernández Correa y Consuelo Carmona Salas, la coordinadora del Partido del Trabajo (PT), Paola Arreola Sánchez y el representante parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Mario Lárraga Delgado, dieron a conocer el contenido de su propuesta legislativa.
Los principales puntos de las propuestas presentadas tienen que ver con disminuir a la mitad los recursos con los que funcionaba la anterior Legislatura, eliminando gastos innecesarios y superfluos para legisladores, y readecuando las áreas y funciones que se realizaban que no sean fundamentales para la actividad legislativa, lo cual implica la conformación de un presupuesto y una reasignación funcional acorde con estos principios.
Previo análisis, solo se instalarán las comisiones, comités, órganos de apoyo parlamentario e instancias que permitan el funcionamiento adecuado del Congreso del Estado, con los instrumentos y mecanismos que garanticen la información pública adecuada, la transparencia del uso
de recursos, la toma de decisiones y los canales de participación ciudadana.
Plantearon la desaparición total de bonos y otras canonjías, el salario deberá ser integral, como lo marca la Constitución. Propondrán, a consideración del Congreso, nuevos mecanismos que aseguren que los procesos de revisión de las cuentas públicas se realicen durante el periodo que corresponde, cumpliendo los procedimientos de ley con total cabalidad y con ello, evitar conductas constitutivas de delito, preservando los intereses de la ciudadanía y los recursos públicos, encausando ante los órganos competentes las probables responsabilidades que, en su caso, surgieran de este ejercicio, para que, con plena legalidad, se apliquen las responsabilidades a que haya lugar.
“El proceso anterior no se pude entender si no se realiza un cambio total de las formas en que funciona la Auditoría Superior del Estado, por ello analizaremos las medidas de ley y prácticas que permitan a esa institución recuperar su valor como ente garante del cuidado de los recursos públicos de los gobiernos estatal y municipal, y de los poderes”.
Derivado de los próximos trabajos que realizará el Constituyente Nacional, en el que se reflejarán diversas modificaciones a la estructura de la administración pública federal, es menester de esta Legislatura, realizar de manera prioritaria, las adecuaciones a las leyes estatales de la Administración Pública, y de las que sean necesarias, para armonizarlas.
“Con responsabilidad, debemos transformar los procesos bajo los cuáles se llevan a cabo los nombramientos que esta legislatura requiera realizar, con base en aptitudes y cualidades de las personas aspirantes, eliminando la añeja y arraigada práctica de la negociación de los nombramientos entre partidos y fracciones”.
Asimismo, los diputados de la Coalición Juntos Haremos Historia “propondremos reformas a la Ley, para considerar delitos graves el tráfico de influencias, la corrupción, la asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes a la hacienda pública. Denunciaremos y ayudaremos a erradicar las malas prácticas clientelares y de
compadrazgos dentro de una institución que debe ser de la ciudadanía y para la ciudadanía. La lucha contra la corrupción, es un reflejo del fortalecimiento a los Derechos Humanos, la corrupción es una violación a estos derechos, en tanto que los recursos públicos se desvían así de su propósito original”.
“Afinaremos los marcos normativos del Sistema Estatal Anticorrupción y de la Auditoria Superior del Estado para evitar nuevas ecuaciones de corrupción. Recordemos las polémicas desatadas durante el ejercicio de la legislatura anterior, por los casos de corrupción que las organizaciones de la sociedad civil organizada hizo visible”.
También se modificará la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, para otorgar a los municipios la facultad de crear reglamentos intermunicipales que regulen la prestación de los servicios públicos, asimismo se propondrá que los ayuntamientos que cuenten con un núcleo de población de más de 10 mil habitantes cuenten con una Comisión de Asuntos Metropolitanos.
La Ley Electoral se modificará respecto a la revisión teórica de los postulados básicos de la representación política proporcional, considerando la viabilidad de reducir el número de legisladores de representación proporcional analizarán la Ley de Transporte Público del Estado para establecer un nuevo método para determinar la tarifa del transporte público en el estado, en el cual se contemple no sólo la elaboración de un estudio de mercado como hoy ocurre, sino que además tome en cuenta el central aspecto social que significa la prestación de este tipo de servicio, que desaparezcan figuras desgastadas como el Consejo Estatal del Transporte.
“Ante el creciente problema de inseguridad en el Estado, buscaremos dotar de un adecuado marco normativo a las instituciones de Seguridad Pública, haciendo especial énfasis en la profesionalización de las policías con perspectiva de Derechos Humanos, de género e interculturalidad”.
“Generaremos marcos normativos que combatan la exclusión en todas sus expresiones y todas las aristas de la vida. Una de las primeras tareas que nos hemos planteado en el Congreso del Estado es la eliminación de la Carta de No Antecedentes Penales. Consideramos que este procedimiento estigmatiza a las personas y a sus familias, es un
documento que segrega a los ex reclusos, y aún después de haber cumplido una condena los criminaliza”.
“Propondremos la despenalización del aborto y la Ley de la Interrupción Legal del Embarazo: legislaremos a favor de las personas con discapacidad, con la perspectiva de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Impulsaremos que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Comisión Estatal de Derechos Humanos revisen y hagan un diagnóstico sobre las condiciones laborales en el CEPRERESO; en función del diagnóstico, elaborar una propuesta para mejorar su situación”.
“Promoveremos la Ley de Matrimonio Igualitario: Una forma de reconocer y apoyar la lucha que ha dado la comunidad LGBTTTI (lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual) y la sociedad en general durante décadas, es impulsando desde el Congreso del Estado una ley que reconozca su derecho al matrimonio”.
Se tipificará como delito cuando el personal médico atente contra la integridad física o psicológica de la mujer durante el proceso de embarazo, del parto, o post parto, y a su vez garantizar el derecho a la libre decisión de las mujeres en la realización de su vida reproductiva.
“Protegeremos el derecho a la lactancia: La participación de la mujer en el mercado laboral ha ido aumentando en las últimas décadas, por ello pretendemos que tanto en el ámbito laboral privado como en el público, quede protegida la función reproductiva de la mujer asegurando la estabilidad laboral, evocando a la normativa internacional que refiere que la mujer tiene el derecho de interrumpir varias veces por día su actividad laboral para la lactancia de su hija o hijo. Este tiempo no puede ser descontado del salario, debe entenderse como tiempo de trabajo y por lo tanto ser remunerado”.
Habrá una ley de Cultura de Paz y Prevención del Delito, una Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y se revisará la viabilidad de legislar en favor de la Representación Política Indígena: Promover la discusión de los pueblos desde la comunidad, para que sean ellos quienes ayuden a dar forma a otro tipo de representación, elegida de acuerdo a sus usos y costumbres, o bien mediante los mecanismos que
los mismos decidan, de conformidad a su libre determinación y autonomía.
“Propondremos una reforma integral a la Ley Reglamentaria del Artículo 9º de la Constitución del Estado de San Luis Potosí, en torno al nombramiento de las autoridades indígenas, la relación delas comunidades indígenas con el INDEPI, las atribuciones del Ejecutivo del Estado respecto a los planes municipales de desarrollo y plan estatal de desarrollo, además de los fines de los recursos estatales dirigidos a las comunidades y pueblos originarios”.
Se trabajará en una reforma para que la educación temprana sea obligatoria y gratuita, la viabilidad de legislar en favor de dignificar el trabajo doméstico de las mujeres, la regulación del sexoservicio, y se legislará a favor de aquellas personas que se encuentren en algún tratamiento médico y que deseen dejar por escrito una carta firmada en el que argumenten que no desean concluir sus últimos días de existencia en una cama de Hospital, conectado a un respirador o contratamientos invasivos.
Se establecerán directrices para garantizar la eliminación de violencia contra animales domésticos, abriendo espacios para el debate en los temas de violencia animal desde una perspectiva sociológica, cultural, histórica y crítica para incluir las reflexiones de diferentes actores sociales, culturales, desde la academia y las áreas de las instituciones públicas para generar leyes en función de las necesidades y exigencias de la población.
Los diputados se comprometieron a organizar foros, para que los sectores académico, gubernamental y social, sumados a la ciencia, la tecnología y la innovación, impacten en la solución de problemas sociales así como en el desarrollo económico del Estado.
Se armonizará la Ley de Educación del Estado conforme a la Ley General de Educación, además de realizar diversas reformas a las mismas en favor de niñas, niños y adolescentes de nuestro Estado. Se analizarán los contenidos de la ley de la materia para transparentar el padrón de beneficiarios de los programas sociales, a fin de prevenir la duplicidad y reorientar la asistencia social hacia el desarrollo de capacidades y la
corresponsabilidad de los beneficiarios, y erradicar el clientelismo político y electoral de los mismos.
“Impulsaremos el aumento del salario mínimo de manera que permita a las personas vivir con dignidad. El objetivo es que un millón y medio de potosinos vivan con un ingreso superior a la línea de bienestar, sin distinción de género. Revisaremos el marco normativo de salud en el Estado conforme las modificaciones que se realicen a la Ley General de Salud, respecto a la cobertura universal de los servicios de salud sin distinción ni limitante alguna para las personas que habiten el Estado, además de incluir el concepto de “salud emocional” y sus implicaciones.
“Propiciaremos las facilidades para la instalación de grandes, medianas y pequeñas empresas al impulsar un nuevo marco normativo que garantice el equilibrio entre las condiciones para instalarse y desarrollarse, y los beneficios para los núcleos de las personas trabajadoras, evitando que las empresas violenten los derechos laborales o incumplan la ley”.
“Revisaremos, y en su caso, fortaleceremos las políticas públicas que promuevan el cumplimiento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, con la finalidad de incentivar el establecimiento de sistemas avanzados para la recolección, aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos”.
“Analizaremos de forma puntual los marcos legales que hoy permiten un lento proceso de acaparamiento de los dos bienes principales que posibilitan el desarrollo de un pueblo: el agua y la tierra; por ello debemos además reformar los marcos legales para evitar que el desarrollo inmobiliario se haga sin orden y con base en la corrupción, estableciendo límites claros para esta actividad, en beneficio del desarrollo equilibrado y sano de los núcleos de población”.
“Elaboraremos una propuesta de reformas a la Ley que para prohibir el método de extracción a través de la Fracturación Hidráulica (Fracking), toda vez que una gran porción de territorio huasteco se encuentra amenazada con la aplicación de dicha técnica para la exploración y extracción de gas y petróleo en yacimientos no convencionales”.
“Reconocemos la bicicleta como transporte alternativo, es por ello que propondremos la creación de un marco jurídico que regule y fomente su
uso. En los últimos años el tráfico vehicular ha crecido en la ciudad de forma desmedida, incrementando la contaminación, los embotellamientos y la descomposición del pavimento en la ciudad; ante este problema y a partir del auge de la cultura del ciclismo es importante reconocer a la bicicleta como un medio de transporte alternativo como ya lo hacen algunas ciudades; para ello, es importante reglamentar su uso y dotar a este medio de transporte la infraestructura necesaria que permita una mejor movilidad en las ciudades”.
Se eliminarán candados a la Ley de Referéndum y Plebiscito, para fortalecer la participación ciudadana como contra peso del poder político.
En la elaboración de la agenda legislativa también participaron los diputados Alejandra Valdés Martínez, Rosa Zúñiga Luna y Pedro César Carrizales Becerra.