Con 318 votos a favor, 121 en contra y 3 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general las reformas para tipificar la defraudación fiscal y la facturación de operaciones simuladas como delincuencia organizada y amenazas a la seguridad nacional, además de imponer a los responsables de esos delitos la prisión preventiva de oficio.
Además de las bancadas del PAN, PRI y PRD, los legisladores morenistas Sergio Mayer, Lorena Villavicencio, Martha Patricia Ramírez, Javier Castañeda y Ulises Murguía votaron contra el dictamen.
El pleno cameral discute en lo particular las reservas presentadas por legisladores de diversas fracciones parlamentarias.
De acuerdo con el dictamen, la expedición, venta, enajenación y compra de comprobantes fiscales que amparen operaciones falsas se sancionará con una pena de entre dos y nueve años de prisión, cuando el monto defraudado supere los 7 mil 800 pesos.
Las modificaciones y adiciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Seguridad Nacional, así como a los códigos Fiscal de la Federación, Nacional de Procedimientos Penales y Penal Federal, prevén el endurecimiento de las acciones contra las más de 9 mil empresas “fantasma” dedicadas a expedir y enajenar facturas de operaciones falsas y cuyo desfalco al erario supera los 250 mil millones de pesos cada año.
Al comienzo de la discusión, la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados desecharon las mociones suspensivas presentadas por las bancadas del PAN y del PRD para frenar el debate y devolver el proyecto a comisiones, con el argumento de que las reformas representan en los hechos acciones de “terrorismo fiscal” contra los contribuyentes.
Desde la tribuna, el legislador priista Enrique Ochoa sostuvo que loa reforma atenta contra la presunción de inocencia, el debido proceso y el Estado de derecho, por lo que llamó a la mayoría parlamentaria a rectificar.
“Si no lo hacen, van con el terrorismo fiscal a matar la gallina de los huevos de oro, van a afectar el crecimiento económico, van a afectar la inversión, van a afectar la recaudación y van a lastimar al país”, advirtió.
El panista Marco Antonio Adame secundó el rechazo a las reformas, por considerar que atentan contra justicia tributaria y el espíritu constitucional.
“Este paquete de reformas es innecesario, inapropiado y desproporcional, una verdadera amenaza para los contribuyentes porque, tal como está planteado, no distingue entre contribuyentes y delincuentes y eso es muy grave cuando se trata de definir una política pública que busque combatir delitos y generar condiciones de confianza, de transparencia y de legalidad para el pago de las contribuciones y de los impuestos”, dijo.
Por Morena, la diputada Dolores Padierna justificó las reformas, al calificar a los llamados “factureros” como delincuentes peligrosos amparados por anteriores gobiernos y normas “light”.
Sostuvo que la actividad de esos delincuentes pone en riesgo al Estado mexicano, como lo evidencia el, hecho de que, entre 2014 y 2018, más de 9 mil empresas facturaron operaciones simuladas con 8 millones de comprobantes que suman 1.6 billones de pesos.
Por Milenio