Marcela Loyola
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválida la Ley de Asistencia Social de San Luis Potosí por violar el derecho humano de consulta a personas con discapacidad, en una sesión del pleno vía remota que los ministros realizaron derivado de la “Contingencia Sanitaria” por el COVID-19.
Este revés para los legisladores locales se dio luego de que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Andrés López Espinosa, promoviera la acción de inconstitucionalidad contra el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo por aprobar y validar el ordenamiento jurídico.
En la acción de inconstitucionalidad se explicó que la Ley de Asistencia Social para el Estado y municipios de San Luis Potosí, es contraria al Parámetro de Regularidad Constitucional y viola derechos humanos consagrados en los tratados internacionales en los que México está inscrito.
Además, se hace un listado de los derecho fundamentales que se estima son violados con este ordenamiento jurídico: derecho a la igualdad; derecho a la protección contra la violencia; derecho de consulta; pleno goce de derechos; derecho a la movilidad personal (centrado desde la persona); derecho de accesibilidad (en relación al entorno); reconocimiento a la personalidad; derecho de autonomía e independencia; derecho a la familia y derecho a contar con personal capacitado.
En la exposición de motivos se hace referencia que para esta nueva ley no hubo consulta pública y ni la colaboración activa de las personas con discapacidad y sus organizaciones, en la elaboración y aplicación de la legislación, políticas y programas, incluyendo la colaboración de personas físicas o morales, en base en la presente Ley.
Se señala que el 8 ocho de junio del 2017, fue publicado en la Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado de San Luis Potosí, correspondiente a la sesión ordinaria 71, el dictamen aprobado por las comisiones, de Salud y Asistencia Social; Derechos Humanos, Equidad y Género; y Puntos Constitucionales; con copia a la Comisión Especial de Participación Ciudadana y Desarrollo Social, la iniciativa que busca expedir la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, donde reiteran no hubo consulta previa.