El Plan de Manejo Estatal de la Sierra de San Miguelito publicado el pasado 30 de abril fue rechazado por los comuneros de San Juan de Guadalupe en resistencia, al considerar que excluye las hectáreas que se quemaron hace un año.
En un boletín de prensa señalan que el área de estudio y con base al decreto emitido por el gobernador Juan Manuel Carrera López el 20 de septiembre de 2018 que involucraba 62 mil hectáreas solo se decretan 12,613 hectáreas y se circunscribe a cinco comunidades o poblados y son los ejidos Ignacio Allende de Mexquitic, San José de la Purísima y Puerto Espino de Villa de Arriaga, así como Bledos de Villa de Reyes (donde el incendio si logró llegar) y el llamado fundo legal de Mexquitic de Carmona.
Un documento débil, inconsistente, parcial, irresponsable, la superficie que se quemó queda prácticamente fuera de este plan de manejo, un absurdo entonces publicar este documento ineficaz y sesgado.
Además se denota precisamente que los núcleos agrarios excluidos de este plan son los que sufren el acoso inmobiliario, como es la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, el ejido San Juan de Guadalupe, lo que queda del Aguaje, todos de esta ciudad; Rodrigo de Villa de Reyes, Guadalupe Victoria y su anexo la Cruz de Mexquitic de Carmona, entre otras.
El argumento de SEGAM y los grupos ambientales que elaboraron el plan responsabilizan a los núcleos de población de no querer la declaratoria.
Esto simplemente es una falacia. De manera deliberada se ha generado campañas de cooptación, chantaje y amenaza por parte de los grupos de fraccionadores.
Cabe señalar que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el área a decretar en el ámbito de Área Natural Protegida será por cien mil hectáreas. Esto es así pues las superficies que pretende delimitar el gobierno estatal son a la medida de los grupos de presión.
El gobierno del estado no debe confrontar a la ciudadanía que exige el respeto a la Sierra de San Miguelito, deberá esperar además la determinación del gobierno federal respecto a una superficie ya anunciada por el Presidente de la República.
