Javier Padrón
A pocos días de acercarnos a la mitad de las campañas a la gubernatura, ya tenemos una confrontación más directa entre las coaliciones Sí por San Luis Potosí y Juntos Haremos Historia, ya suenan ahora sí los tambores de guerra por el poder estatal.
La dirigencia del PAN presentó tres denuncias en el INE contra el candidato Ricardo Gallardo, para que se le investigue por unos espectaculares sin número de registro, un video grupero y el gasto en Facebook.
En contraparte, el PVEM respondió a través de la expanista Sonia Mendoza, para que la cuña apriete, en su doble carácter de secretaria de Organización y vocera de campaña, al señalar que el gobierno carrerista está desviando recursos a la campaña de Octavio Pedroza, y hay un conflicto de interés entre este candidato y su hermano Daniel, secretario de Finanzas.
Otro indicio del desvío que expuso Mendoza, fue la reciente incorporación del exsecretario de Gobierno, Alejandro Leal. Ya no hubo revire de los aludidos. Llama la atención que solo sea el PAN el denunciante sin los demás integrantes de la coalición.
Además de esta guerra legal y la mediática que también está subiendo de nivel, desde las primeras semanas de campaña se asomó la violencia física, las supuestas agresiones gallardistas a militantes del PAN que, por alguna extraña razón, no son investigadas y se dejan sembradas y se usan como propaganda partidista.
La Fiscalía General del Estado actúa con indolencia, así lo hizo en las campañas del 2018 cuando el entonces candidato a la alcaldía Xavier Nava denunció en abril de ese año un ataque y robo por un comando de diez sujetos con armas largas a su equipo de comunicación en el fraccionamiento Tangamanga, acusó de manera directa al gallardismo.
El fiscal Federico Garza nunca dio informes antes ni ahora, no se investigan los hechos; de manera reciente han ocurrido varias agresiones: a una brigada panista en la cabecera de Soledad por presuntos simpatizantes de Gallardo; y luego una amenaza a otro panista con arma de fuego en Prados Segunda Sección por un sujeto que se dijo gallardista.
El PAN presentó las denuncias y es hora de que la FGE no da resultados, deben ser muy complicadas estas investigaciones como las del 2018 que no se sabe nada de la identidad de los presuntos agresores ni sus domicilios. La actitud omisa de la autoridad da pauta al sospechosismo, y el dirigente Juan Francisco Aguilar, abogado penalista de profesión, tiene todos los elementos para presionar y exhibir la incompetencia de la FGE, y no lo ha hecho. Ya es tiempo de que Garza dé una en este rubro y desaliente la violencia por motivos políticos, porque mientras impere la impunidad seguirán estos actos. Hasta que no suceda algo más grave.
PROTESTA CRIMINALIZADA
El presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, Ricardo Pérez, se voló la barda al cuantificar en 100 millones de pesos el daño causado por el bloqueo al Parque Logistik II por vecinos del fraccionamiento San Francisco, en Villa de Reyes, por falta de agua.
Las plantas de la BMW y GM, y una veintena más retrasaron sus procesos de producción, es su argumento; por lo que Pérez anunció una denuncia por ataques a las vías generales de comunicación; no mostró ninguna sensibilidad con los afectados por la falta de agua que no son atendidos por el ayuntamiento de Villa de Reyes y menos por la Comisión Estatal del Agua; se hubiera ofrecido de mediador ante las autoridades para resolver el problema, a él si le harían caso.
De persistir el desabasto de agua, los afectados están dispuestos a volver a bloquear, no se asustan. En la postura del líder industrial hay también un mensaje al gobierno estatal, para que al próximo bloqueo recurra a la represión policiaca.
EJECUCIÓN DE GALINDO EN LA MAÑANERA
La titular de Seguridad Federal, Rosa Icela Rodríguez, al rendir un informe de resultados de la estrategia de protección a candidatos y candidatas a cargos de elección popular, aludió a la ejecución del exlíder de la Coparmex, Julio César Galindo Pérez, al que ubicó como “aspirante a cargo de elección popular”, lo cual parece un lapsus de la vallense o le informaron mal, porque Galindo nunca reveló intenciones políticas, y así lo insertó en ese contexto cuando la Fiscalía General del Estado nunca lo ha considerado así.
Conforme a la estrategia de la Coparmex nacional y el gurú político Claudio X. González, Galindo sí era a nivel local el principal articulador del sector privado con el PAN para dar la batalla a Morena, de que fuera a ser postulado a un cargo no hubo entonces ni después de su asesinato una noticia en ese sentido.
Rosa Icela afirmó que hay cuatro detenidos (que alegan violaciones a sus garantías constitucionales), con los que Galindo “tuvo diferencias por negocios”; los detenidos son presuntos sicarios y el presunto autor intelectual se supone que era un socio en el ramo hospitalario, se fugó y su residencia en la capital potosina fue cateada sin ningún resultado.
INÁRRITU EN AHUALULCO
Durante este abril es cuando el director de cine Alejandro G. Iñárritu estará filmando su nueva película en Ahualulco del Sonido 13 que, de manera tentativa se llamará “Limbo”, como la casa productora, y abordará —según se ha dicho— la situación política y social del país. Le caerá muy bien a este municipio la derrama económica que se genere con esta filmación, aparece en el mapa del crimen organizado con la presencia dominante del Cartel del Golfo.