Marcela Loyola
Trascendió que el ex secretario general de gobierno y ahora diputado Alejandro Leal Tovías habría promovido un amparo para evitar ser aprehendido, al supuestamente imputársele delitos como daño al patrimonio público en la pasada administración.
Esto, debido a la detención de tres ex funcionarios de la pasada que son: el ex secretario de Seguridad Jaime N, y dos ex titulares de los Servicios de Salud del Estado Mónica N. y Miguel Ángel N., quienes ya fueron vinculados a proceso por presuntas irregularidades detectadas en el área de Salud y Seguridad Pública por el nuevo gobierno estatal.
El diputado José Luis Fernández Martínez destacó que el Estado tiene el derecho y la obligación de investigar, de presentar las denuncias ante la Fiscalía General del Estado y proceder en caso de encontrar elementos contra los acusados, así como también los actores involucrados, también están en su derecho a defenderse legalmente.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado resaltó que como Congreso están a favor de que exista justicia y que, si hubo un daño al erario y a los recursos de los potosinos, se haga la reparación del mismo y haya un castigo efectivo.
“No sirve de gran cosa a la sociedad que los exfuncionarios estén encarcelados, disfrutando ellos y sus familiares de los recursos que distrajeron del uso correcto; lo que le serviría al estado de San Luis Potosí es que viniera la reparación del daño, que se reintegren los recursos y que puedan ser utilizados en beneficio de los habitantes”.
Fernández Martínez reconoció el trabajo realizado por la Fiscalía al integrar las carpetas de investigación contra ex funcionarios estatales, así como las denuncias presentadas por el actual gobierno estatal para que el daño al erario no quede impune, por lo que dijo estar a favor de que en caso de que se demuestre responsabilidad contra los ex servidores públicos se proceda conforme la ley y se les sancione en caso de ser culpables.