Los casos los ex titulares de los Servicios de Salud en el estado, actualmente en prisión preventiva, podrían concluirse a través de un procedimiento abreviado, figura permitida por la ley y por el sistema penal acusatorio, indicó José Luis Ruiz Contreras, Fiscal General del Estado.
El funcionario explicó que ese supuesto se puede dar, siempre y cuando las personas imputadas paguen en su totalidad la reparación del daño y acepten su responsabilidad.
“Un procedimiento abreviado es donde las partes se convencen de que no hay necesidad de probar nada, porque asumen que hay un hecho delictivo; asumen una responsabilidad, asumen aceptar una pena y asumen reparar el daño; esas son vertientes que se contemplan”, indicó.
Recordó que hasta el momento, Mónica “N” ha reintegrado la cantidad de 22 mdp, en tanto que Miguel “N” solamente 7 mdp de aproximadamente 32 mdp, por lo que con este último, se continúan los diálogos con sus defensas para poder llegar a un acuerdo en la totalidad del daño causado.
“No hay un tiempo límite de nosotros impuesto; en cuanto ellos decidan reparar el daño, nosotros estaremos en la mejor condición de buscar una solución a la causa de manera definitiva”, aseveró.
Apuntó que, en el caso de la doctora, hay otros implicados que en su momento fueron funcionarios públicos y un particular, de los cuales también se analiza su situación legal.
“Con ellos, de igual manera se está dialogando para que se pueda dar una solución. Estas tres personas han decidido ir a los recursos legales correspondientes, en los cuales también la Fiscalía está muy atenta al seguimiento”, afirmó.
Ruiz Contreras dijo que además de estas denuncias, se siguen integrando otras carpetas de investigación en donde más ex funcionarios pudieran estar involucrados.
“Estamos estableciendo rutas diversas, con la finalidad de ver si efectivamente si se causó un perjuicio al patrimonio de cada una de las instituciones involucradas, y en las que estuvieron a cargo los diversos funcionarios, y también, conocer hasta dónde alcanza su responsabilidad”, reveló.
Mencionó que se podría llamar a comparecer a otros ex servidores públicos de cualquier nivel, incluido el ex mandatario estatal, si fuera necesario.
“Incluso si en se tornara necesario llamar al ex titular del ejecutivo del estado, pues la Fiscalía lo hará; lo hará con esa finalidad de que se aclaren las irregularidades que en su momento detectemos”, advirtió.
Expuso que para la Fiscalía no hay “intocables”, ni temor para proceder en contra de alguien que pudiera tener alguna responsabilidad, al igual que no se trata de temas políticos, si no de abatir la impunidad.
“Está el claro ejemplo de que, con las tres últimas detenciones de ex titulares de secretarías, se han encontrado datos de prueba de su probable participación en los delitos que se les imputa”, finalizó.