Marcela Loyola
El abogado de la empresa Quikshine del Potosí, Tomas Coronado, señaló que solicitarán la intervención en las investigaciones por fraude contra Gabriel Salazar Soto de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT y ampliarán la denuncia penal por falsificación contra el gobernador Juan Manuel Carreras López, el secretario general Alejandro Leal Tovías y la secretaria de Salud Mónica Liliana Rangel Martínez.
Reveló que, durante el 2017, Gabriel Salazar, quien era contador de Quikshine del Potosí, expidió facturas a la Secretaría de Salud “por error”, lo cual informó a la empresa y se regresó el recurso que se había pagado con la promesa de que cancelarían la factura, pero no se hizo y esto generó una carga tributaria.
Indicó que la factura debió ser de Proshine, empresa de Gabriel Salazar, por lo que se interpuso una denuncia penal contra el ex contador de la empresa por falsificación de factura, y al percatarse de que está coludido con las autoridades y no avanza la investigación en la Fiscalía General del Estado, recurrirán a la Unidad de Inteligencia Financiera para que informe quiénes fueron los beneficiados por los más de 3 millones de pesos que se facturará supuestamente por “error”.
También se solicitará a la Auditoría Superior del Estado y a la Auditoría Superior de la Federación que investiguen todas las denuncias que hay por irregularidades con el Salazar Soto y la secretaria de Salud, y como cómplices el gobernador y el secretario general, quienes estaban enterados de las irregularidades y aún así respaldaron a Rangel Martínez.
Tomás Coronado, dijo que son muchas irregularidades porque el mismo día que se expidió la factura se generó el pago, lo que no pasa en ninguna dependencia de gobierno, por lo que piden a la secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel, como presidenta del comité de adquisiciones, que dé una explicación de todas estas irregularidades.
Expuso que a la empresa Afianzadora Sofimex, también le fue falsificada una póliza de fianza el 20 de septiembre del 2017 a nombre de Gabriel Alan Salazar Soto, por lo que también fue denunciado penalmente por falsificación, ya que no era un documento auténtico ni había sido expedido por Sofimex por lo que se desconoció la validez.
Abundó que esto se originó luego de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) requirió a la empresa Kubal ZF Comercializadora integral, cuyo nombre comercial es “Proshine”, propiedad de Gabriel Salazar, el pago de sus cuotas obrero-patronales las cuales había omitido. Como esa empresa estaba prestando los servicios a la Secretaría de Salud, el IMSS decidió embargar los créditos que esa dependencia tenía con Kubal ZF Comercializadora Integral.
El abogado dijo que “ya basta” de que las autoridades se queden estáticas y continúe la impunidad en este tipo de irregularidades, por lo que piden una investigación a fondo y que se sancione a los responsables por la falsificación de documentos legales y por el desvío de recursos públicos.
