Hace exactamente nueve meses una manifestación contra la represión en Jalisco, fue infiltrada por ultraderechistas del FRENA, a quienes también se les vincula al PAN y al PRI que de manera sincronizada generaron caos y destrucción en el Centro Histórico de San Luis Potosí y con la tolerancia del gobierno estatal, se permitió la fuga y protección de los auténticos responsables, se informó en un boletín de prensa.
“Los nombres y motes se convirtieron en el escarnio público, nos referimos a Sebastián Domínguez López #MonoBlanco así como Alejandro Guerrero #Porrofifi, quienes dirigieron a un puñado de provocadores entrenados en acciones de violencia”.
El 5 de junio fue detenida nuestra compañera Claudia Hernández Herrera, vinculándola al Proceso 227/2020 juntó con otros diez jóvenes. Luego en su contra y de su hermana Roxana, se libraron mas ordenes de aprehensión en el expediente 706/2020, logrando ampararse por lo que no han podido detenerlas como sucedería con los demás jóvenes procesados. Se les intento fabricar un liderazgo y autoría intelectual de los actos vandálicos en el Congreso del Estado, la Fiscalia y en una patrulla del ayuntamiento de Apeldad de Graciano Sánchez.
A raíz de estos hechos se iniciaron expedientes de queja 1VQU-290/2020 Y 1VQU-256-2020 queja por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, respecto a los que se emitió este 19 de febrero la recomendación 01/21donde se establece que las detenciones fueron del todo ilegales, ordenándose al Director General de Seguridad Publica del Estado de San Luis Potosí garantizar el acceso de la reparación del daño y de la misma forma se le exige al Ministerio Publico que conoce del asunto se realice la indagatoria en contra de los individuos que infiltraron la manifestación para efectos que en base al debido proceso se actué conforme a la ley.
De la misma forma se inicie los procedimientos administrativos en contra de los Agentes Policíacos y mandos responsables de las detenciones arbitrarias por los actos violatorios de los derechos humanos, en específico se establece que deberá respetarse por las autoridades el derecho de la mujer a un mundo libre de violencia.
A la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de Seguridad Publica Municipal se le instruye para que pida a esa Dirección colaborar con el cumplimiento de la recomendación, de forma inmediata exhaustiva, y puntual.
Los jueces de control que conocen de estos asuntos serán notificados del cumplimiento de esta recomendación,se presionara tanto al Congreso del Estado como a la CNDH para exigir que se haga justicia, se exonere a las compañeras y compañeros victimas de la represión y de procesos penales injustos.
Para cumplir con la sociedad deberá establecerse con claridad quienes fueron los responsables de la violencia, la infiltración y la destrucción generada el día 5 de junio, pues en este tema pueden estar involucrados funcionarios partidistas y funcionarios de Gobierno Estatal de primer nivel.