Marcela Loyola
La organización Ciudadanos Observando condenó que esté a punto de concluir la actual administración municipal encabezada por Xavier Nava Palacios y que durante los tres años de su gestión nunca se lograra regularizar a los fraccionamientos de La Vista y Villa Magna para que los usuarios paguen lo justo por el agua potable y los servicios de drenaje y alcantarillado.
El vocero de la organización José Gpe. González reprobó que actualmente 5 de cada 10 usuarios no pagan el agua potable en la zona metropolitana de San Luis Potosí y en las zonas residenciales con mayor potencial económico es donde más se resisten a pagar lo justo.
“El fraccionamiento La Vista lleva más de 12 años negándose a pagar el agua y a regularizarse con Interapas. Su enésima promesa incumplida data del 12 de abril del 2019 donde se aseguraba se pagarían 42.9 millones de pesos. A inicio de cada administración se presentan para prometer que ahora sí ya se regularizarán y a cambio de estas promesas consiguen que se les den más licencias de construcción y traslados de dominio; sin embargo la ley es muy clara y señala que para poder recibir estos permisos requiere de contar con la regularización ya mencionada”, explicó.
Reprobó que la estrategia de realizar promesas les ha funcionado con cada administración, y una vez más consiguieron su objetivo con la actual que encabeza Xavier Nava Palacios.
Añadió que en el caso de Villa Magna, se habían dado igualmente sólo promesas y el 2 de noviembre del 2020 se informó que por fin se había firmado el acuerdo para la regularización de 3,800 tomas de agua potable e igual número de descargas sanitarias para 3,753 viviendas de tipo residencial, 123 locales comerciales y 4 tomas de otros usos.
Guadalupe González detalló que después de 23 meses de pláticas entre Interapas y la Desarrolladora Intersaba S.A. de C.V. se informó que el pasado 12 de febrero del 2021 se emitió la resolución positiva y se realizaron los acuerdos para el pago de las cuotas de acuerdo con el decreto 0953, con lo que se espera que el fraccionador pague al organismo operador 41.7 millones de pesos, lo cual se requiere comprobar.
Dijo que el fraccionamiento que sí cumplió en tiempo y forma la regularización de 500 tomas residenciales que estaban pendientes fue Villa Antigua, pero “uno de los problemas con estos voraces desarrolladores inmobiliarios, son los compromisos que hacen con diversos políticos en sus campañas electorales y luego estos intervienen con las respectivas autoridades para que sigan intocables”.