Al revisar las condiciones en las que se encuentran las 11 estaciones migratorias y 38 de 43 estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración (INM), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que ninguna de ellas es adecuada para su funcionamiento, por sus deficiencias en cuanto a alojamiento, infraestructura de seguridad y salud, así como protección y defensa jurídica.
Aseguró que sus visitadores constataron que dichas instalaciones tienen un diseño carcelario, con pasillos, puertas, filtros, barrotes y rejas que cierran por fuera y, en algunos casos, con candado. “Se asemejan a centros penitenciarios, de privación de la libertad, de control y vigilancia”, lo que refuerza el paradigma criminal hacia las personas migrantes. Además de que se han reportado casos de hacinamiento y las personas retenidas en su mayoría no son informadas sobre sus derechos ni su situación migratoria.
En un informe en la materia, que surgió a raíz del incendio en la estancia provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 27 de marzo del 2023, en la que murieron 40 migrantes, expuso que 13 de las estancias inspeccionadas obtuvieron un puntaje “insuficiente” (de 60 a 79 por ciento), 21 “inadecuado” (40 a 59 por ciento) y el resto se encuentra en situación crítica (0 al 39 por ciento).
Las peor evaluadas fueron las estancias provisionales de Huehuetán, Chiapas; la de Gómez Palacio, Durango; San Miguel de Allende, Guanajuato; Ciudad del Carmen y Campeche, Campeche; Torreón y Monclova, Coahuila, así como Manzanillo, Colima. Todas ellas fueron calificadas con entre el 21 y 29 por ciento, por sobre todo carecer de infraestructura de salud y de seguridad.
En una mejor puntuación, aunque también baja de entre 67 y 60 por ciento, están las estaciones provisionales de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, Chiapas; San Pedro Tapanatepec, Oaxaca; Janos, Chihuahua; Puebla, y Mexicali, Baja California.
En cuanto a estaciones migratorias destacan La Ventosa, Oaxaca; Tampico, Tamaulipas; Chetumal, Quintana Roo; Zacatecas; Hermosillo, Sonora; Villahermosa, Tabasco, y Ciudad de México.
A esta evaluación se suma que migrantes que se encontraban dentro de las estancias y estaciones provisionales, aseguraron que carecían de información sobre sus derechos y cuál era su situación migratoria.
Del total de encuestados, al 84.6 por ciento no le brindaron asesoría legal; el 61.5 por ciento no le informaron sobre su derecho al retorno asistido a su país; al 69.2 por ciento no le dijeron que podía regularizar su estancia migratoria; al 61.5 por ciento no le informaron cuáles son sus derechos en la estación o estancia, el 30.8 por ciento indicaron que no sabían en donde se ubicada la estancia o estación migratoria en la que estaban alojadas, el 23.1 por ciento no sabían los motivos por los que habían ingresado al lugar y el 69.2 por ciento no sabían cuál era su situación migratoria al momento de la entrevista.
Con información de: La Jornada