Marcela Loyola
Lucia Rodríguez Quintero, subdirectora de Programas sobre Asuntos de la Niñez y la Familia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señaló que es importante que las legislaturas locales tomen en cuenta la alienación parental, con la finalidad de que no se afecte a los menores.
Así lo declaró en el marco de su conferencia “Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes a Convivir con su Padre y Madre: Alineación Parental”.
Reconoció que la alienación parental se sigue poniendo en práctica, pese a que la ley prohíbe tratar de esta forma a los niños y niñas, además de ser una violación a los derechos humanos, y por es necesario que se especifique en la ley como se hizo en el caso de San Luis Potosí en el Código Familiar.
“Hay necesidad de la armonización legislativa, que se revisen las leyes estatales, para saber qué hace falta actualizar del principio universal de los derechos humanos y pro persona”, dijo.
Rodríguez Quintero manifestó que actualmente muchos adultos que pasaron por esta situación de alienación cuando eran niños, no logran establecer una red de confianza, y por ello tienen parejas desequilibradas, confundidas, y muchas de las veces se convierten en padres de familia alienados porque no permitan que su padre o madres, abuelos, y hasta hermanos, vean a su hijo.
“Son niños y niñas que aprenden a vivir desconfiando, por eso se deben fortalecer las relaciones de forma tal que los padres logren separar su relación como pareja y su relación de padre o madre para no causar una afectación terrible, porque hay niños que logran auto agredirse o hasta llegar al suicidio por esta situación”, alertó.
La maestra Lucia Rodríguez dijo que el tema de la alineación parental se trata de una violación a los derechos humanos.
“Vamos a platicar de este problema, cuáles son sus manifestaciones y antecedentes, ¿por qué surge?, ¿por qué se lleva a la práctica?, a pesar de que la ley prohíbe maltratar a un niño o a una niña o adolescente, de todas maneras existen madres y padres de familia que llegan a incurrir en esta situación”.
Considero que “tenemos la necesidad como fue el caso de San Luis, que el marco normativo lo especifique perfectamente, en este sentido no solamente recuperando el marco jurídico de protección a los derechos del niños, niñas y adolescentes sino también aterrizando en la vida práctica de las personas”, agregó.