Marcela Loyola
Por no asignarles presupuesto para operar por segundo año consecutivo, miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción presentaron un juicio de amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito contra el Congreso del Estado y el Gobierno del Estado, al cual ya se le dio entrada.
En rueda de prensa el integrante del CPC, Jesús Sierra Acuña, manifestó que los poderes Legislativo y Ejecutivo están incumpliendo con la Ley Estatal Anticorrupción, en el artículo 5º transitorio, por omitir por segundo año incluirlos en el catálogo de entes que tienen que tener un presupuesto independiente para funcionar, y por ello el juez federal séptimo con sede en Ciudad Valles admitió el amparo a trámite.
“Con esto iniciamos con una lucha en una instancia federal, ante la desesperación que nos causa que en las instancias estatales no se resuelva nada, y que haya una total impunidad y opacidad con el Sistema Estatal Anticorrupción, que gobierno se niega a que se establezca en San Luis Potosí”, dijo.
Sierra Acuña reconoció que primero solicitaron 30 millones de pesos pero después redujeron el presupuesto a 7 millones para poder iniciar con el trabajo que les marca la ley.
Dijo que no han tenido acercamiento con funcionarios de Gobierno del Estado ya que no les hacen caso al igual que los diputados, que se niegan a asignarles recursos para la renta de una oficina y la compra de equipo que requieren.