A través de una carta dada a conocer la tarde de hoy, Cesar de Castro, abogado del ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pidió al juez Brian Cogan que su cliente sea dejado en libertad previo pago de una fianza de un millón de dólares, para encarar en libertad su proceso antes de que inicie un posible juicio en su contra.
De Castro reclama a esta corte poner atención en los intentos del gobierno “de detener al Sr. García Luna simplemente alegando su asociación con El Chapo (Guzmán)”. Para terminar de aclarar su petición señala que “el gobierno no tiene bases para creer que el Sr. García Luna intentaría evadir el enjuiciamiento”.
En la primera audiencia que tuvo en Nueva York el pasado 3 de enero, De Castro adelantó la posibilidad de que se le permitiera el pago de una fianza, petición que enseguida atajaron los fiscales argumentando que el ex funcionario mexicano constituía un grave peligro de fuga.
En la carta enviada hoy, De Castro cuestiona esa decisión y ofrece las razones por las cuales le debe ser aceptada su solicitud. Primero dice que el acusado tiene demasiadas ligas con este país “del cual es residente desde el 2012”, que aquí es donde viven su esposa e hijos y en el que “él mismo tiene propiedades”.
Argumenta que sus hijos son ciudadanos estadunidenses, que acuden a universidades locales y en general toda la familia pasa la mayor parte del tiempo en este país.
El litigante señala que su cliente no tiene posibilidades de huir ya que el mismo gobierno de los Estados Unidos tiene su pasaporte, y green card y la idea de que pueda volar a México sin posibilidades de acceder a sus registros financieros y en donde además enfrentaría un arresto y probable enjuiciamiento “es absurda”, remató De Castro.
El tercer argumento del abogado es revelador: Dice que su cliente estaba enterado de las investigaciones en su contra un año antes de su arresto y que nunca huyó de los Estados Unidos. Se queja de que su arresto en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, lo imposibilita reunirse con su equipo de abogados y planear adecuadamente su defensa.
“El argumento del gobierno para la detención (de García Luna) es extremadamente débil”, ataca el litigante. “Aunque se trata de una presunción, la carga de persuasión recae en el gobierno y no puede simplemente confiar en la presunta comisión de un delito grave”.
Alega que la posible pena de prisión prolongada se basa en “argumentos engañosos sobre las conexiones del Sr. García Luna con El Chapo para así justificar su detención”. En referencia al testimonio de Jesús Zambada García en el juicio del siglo, donde lo acusó de haber recibido un par de veces más de 3 millones de dólares de sobornos, De Castro dice: “El gobierno ha aludido a la corroboración de los cooperadores, pero no ha detallado ninguna capacidad para probar la existencia de estos supuestos fondos, y mucho menos rastrearlos hasta el Sr. García Luna”.
De ese modo, De Castro propone un “modesto paquete de fianza” que incluya un constante monitoreo que garantice que el “ingeniero” se presente en la corte de Brooklyn cuando sea requerido y que no deje dudas de que García Luna va a permanecer en los Estados Unidos.
Aclara que, en los Estados Unidos, García Luna tiene poco o casi nada de dinero en efectivo y que de las dos empresas comerciales de las que es socio mayoritario han perdido todos sus contratos y han sido cerradas. Con respecto a los bienes raíces, el Sr. García Luna tiene intereses de propiedad en ciertos bienes inmuebles, algunos de los cuales se ofrecen como parte del paquete de fianza instantánea.
Propone el pago de un millón de dólares, depósito que estaría garantizado por la firma de tres personas financieramente responsables y un co-firmante de persuación moral de un inmuebles propiedad del acusado por un valor aproximado de un millón 200 mil dólares. Y, por último, reitera sujetarse a “la supervisión estándar de los servicios previos al juicio sumando el monitoreo de su ubicación”.
A los pocos minutos de haber recibido la petición, Cogan giró instrucciones a ambas partes para que fijen una fecha de audiencia ante un juez de primera instancia para que ahí se discuta el asunto de la liberación.
La fecha de este nuevo encuentro la tendrán que dar a conocer en las siguientes horas y ahí seguro que la fiscalía deberá dar a conocer algunas de las pruebas con las que cuenta en contra de García Luna para convencer al juez de que lo mantenga preso.
Por Milenio