El fiscal general Alejandro Gertz Manero fue nombrado investigador nivel III por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en abril de este año. Sin embargo, desde 2010 esa petición le había sido negada por una “insuficiente producción” científica.
El funcionario no habría podido demostrar una productividad para la “generación y transmisión de nuevos conocimientos”. De acuerdo con Animal Político, la negativa del Consejo fue constante en los siguientes años, pero fue bajo la titularidad de Elena Álvarez-Buylla que la dependencia le otorgó dicho nombramiento.
El medio mexicano también dio a conocer que la mención fue obtenida luego de que se creara una comisión especial para el caso con tres miembros. Este grupo habría hecho una interpretación jurídica “ex profeso” para integrar al fiscal en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Esto llamó la atención, pues el SNI cuenta con un reglamento de ingreso riguroso que consta de una comisión con 15 investigadores en cada materia.
Ante ello surge el cuestionamiento acerca de quién o qué fue aquello que interpuso a favor de Gertz y lograra que las rigurosas restricciones del Conacyt quedaran totalmente invalidadas.
La respuesta: El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), dependencia de la Secretaría de Gobernación.
Nayeli Roldán, autora del reportaje, explica que, tras agotar todos los tribunales, en abril del 2015 el Fiscal acudió a Conapred para interponer una queja bajo el argumento de que fue víctima de discriminación; aunque el fallo a su favor lo obtuvo hasta la actual administración, en agosto del 2020.
En la resolución, aprobada por el director de quejas, César Flores Mancilla, se concluye que hubo un trato diferenciado hacia Gertz, y se debía ofrecer una reparación de daño por parte del Conacyt.
Esa “reparación del daño” consistía en que el Conacyt evaluara – por quinta ocasión – los méritos del fiscal para su ingreso al sistema de investigadores.
De ahí que surgió – de manera no regulada – la Comisión Especial Dictaminadora que se enfocaría exclusivamente para esta situación y que en abril de este año, permitió el ingreso de Gertz al nivel III del SNI, es decir, al peldaño más alto de reconocimiento.
Esto se debió, explica Animal Político, a que el caso se analizó con base al criterio “pro persona” (es decir, lo que más beneficie a un quejoso según la reforma a Derechos Humanos de 2011), además de determinarse que las indagaciones del fiscal han impactado en la creación de leyes, según el testimonio que el expresidente de la comisión, Ernesto Villanueva, dio al medio mexicano.
La explicación de este proceso irregular que llegó a quebrantar un mecanismo basado en parámetros internacionales apuntaba solo a una fuerte hipótesis, considerada por expertos e investigadores del mismo SNI: el nombramiento obedecería a razones políticas.
¿Cuáles fueron las razones por las que Gertz fue rechazado como investigador del SNI?
Como se mencionó anteriormente, el fiscal mexicano no fue aceptado ya que no había podido demostrar una productividad para la “generación y transmisión de nuevos conocimientos”.
Según un análisis proporcionado a Animal Político, los detalles de su inadmisión apuntaban a que sus publicaciones no habían sido sometidas al arbitrajes de comités de alto reconocimiento, lo que implicaba, entre otros puntos:
– La carencia de una línea de investigación definida.
– Sus trabajos únicamente “constituyen la opinón del autor” pues, al no registrar una realización habitual y sistemáticamente de investigación, no atribuye a la creación de conocimiento nuevo, metodología o aparato crítico.
– No ha demostrado participar en la formación de recursos humanos a través de la dirección de tesis.
Con información de Infobae