La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se perfila a declarar inconstitucional la prohibición absoluta de la interrupción del embarazo en su etapa inicial y por reconocer el derecho que tienen las mujeres a decidir sobre este tema, propuesta que de aprobarse tendrá efectos generales en todo el país, por lo que no podrán ser penalizadas.
Ocho ministros se pronunciaron por invalidar el artículo 196 del Código Penal del estado de Coahuila que penaliza el aborto en la etapa inicial de uno a tres años de prisión, sin importar las causas.
Debido a la reforma judicial y por tratarse de una acción de inconstitucionalidad, la sentencia que se emita tendrá efectos generales en todas las entidades, acabando con ello con la prohibición absoluta de la interrupción del embarazo en su etapa inicial.
Los ministros se pronunciaron a favor del proyecto de sentencia del ministro Luis María Aguilar Morales, algunos de los cuales solicitaron extender la inconstitucionalidad a otros artículos de dicho código.
La sesión se reanudará mañana y los ministros José Fernando Franco González Salas, Margarita Ríos-Farjat y Jorge Mario Pardo Rebolledo podrán exponer sus argumentos sobre el tema, ya que son los únicos que no pudieron participar hoy.
“Todos estamos a favor de la vida”, dice presidente de la Corte
El ministro Aguilar Morales dijo que su propuesta se centra en una narrativa jurídica propia del contexto actual que responde a los cambios y dinámica de la sociedad mexicana y que tiene sus bases generales en los principios fundamentales que definen al Estado, como son, democracia, laicidad, pluralidad y la propia vocación social de la Constitución.
Indicó que el proyecto se funda en el derecho a decidir, entendido por la libertad que le permite a la mujer elegir quién quiere ser en relación con la posibilidad de procrear, considerando que en la maternidad subyace la noción de voluntad y del deseo de que la vida personal atraviese por tal faceta.
“Este derecho reconoce a la mujer y a las personas con capacidad de gestar como las únicas personas titulares de su plan de vida a partir de su individualidad e identidad propia, lo que constituye la obligación estatal de brindarle un ámbito de protección y no el de una sanción”, expresó Luis María.
Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa dijo que la sociedad algunas veces limita a la mujer respecto a la información sobre la salud sexual y reproductiva, y en algunos casos las estigmatiza.
“¿Cuántos actores indirectos existen en un aborto que quedan fuera del código penal y la única responsable social y penalmente es la mujer?, preguntó. A su vez, el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se sumó al proyecto, pero pidió invalidar otros artículos.
Mencionó que se debe “superar el falso del debate entre quienes están a favor de la vida y quienes no estamos a favor de la vida”.
“Todos estamos a favor de la vida. Lo único que sucede es que algunos unos estamos a favor que la vida de las mujeres sea una vida donde se respete su dignidad, en la que puedan ejercer con plenitud sus derechos en la que estén exentas de violencia y puedan autodeterminar su destino”, añadió.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá pidió eliminar algunos términos utilizados en el proyecto, como “personas gestantes”. Al respecto, el ministro Javier Laynez Potisek enfatizó que criminalizar a la mujer supone una violación a sus derechos fundamentales, “sobre todo en un país donde impera la desigualdad, desigualdad en información, desigualdad en educación, desigualdad en atención de los servicios médicos y sociales”.
El ministro Alberto Pérez Dayán manifestó que el Estado debe tener un deber de asistencia para quienes optan por la maternidad, así como quienes deciden interrumpir su embarazo, y con ello asegurar que las mujeres tengan acceso a una vida digna, a oportunidades, proyectos, servicios de salud y prerrogativas que les permitan el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
En tanto, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena pidió que se establezca un plazo concreto que defina el tema del aborto voluntario, como lo hizo Argentina al establecer 14 semanas, mientras que en Suecia son 18 semanas.
Finalmente, la ministra Norma Piña Hernández elogió el proyecto porque se plantea por primera vez si la prohibición absoluta de la interrupción del embarazo. Comentó que las mujeres han sido privadas de derechos y obligarlas a llevar a término un embarazo no deseado, afecta sus derechos.
Indicó se debe reconocer el carácter laico del Estado porque no todos comparten las mismas creencias. Puntualizó que el Estado debe garantizar las condiciones mínimas para que se garantice a la mujer la interrupción del embarazo en su etapa inicial.
Con información de Milenio