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Galindo debió implementar operativo para evitar daños a fincas por manifestaciones del 8M: comerciantes

Comerciantes y propietarios de edificios históricos del centro de la capital potosina, denunciaron ante Potosí Noticias, que hizo falta un operativo del gobierno municipal a cargo de Enrique Galindo, para prevenir y evitar daños a los inmuebles considerados como patrimonio histórico, ante las manifestaciones del 8M, por lo que deberían pagar los daños y afectaciones de inmuebles considerados patrimonio histórico.

En particular se refirieron a los daños causados en las fachadas de varios edificios de la calle de Iturbide en el Centro Histórico, varios de los cuales son considerados como patrimonio histórico porque datan -al menos- del siglo XIX y cuyas fachadas han sido protegidas por diversas normas del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Entre los edificios dañados, destaca el inmueble de lo que fuera en el siglo XIX Al Libro Mayor, una famosa finca con mucha historia.

Al Libro Mayor está ubicado sobre el pasaje Zaragoza esquina con la calle de Iturbide, cerca de la Plaza de Armas. El inmueble fue catalogado como monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para su preservación.

El negocio Al Libro Mayor fue fundado por Charles Danne en medio de una ola de personas y empresas extranjeras. Danne junto a su esposa Ana María Emeteria Francisca Rivadeneira oficialmente establecieron su negocio en 1867. Originalmente era una papelería y librería, pero luego se dedicó a adquirir libros, cuadernos y libretas de todos tipos, a principios del siglo XX el edificio era propiedad de la familia Kaiser.

Varios comerciantes y empresarios cuyas fincas resultaron con pintas por el 8M, reconocieron que las mujeres tienen todo el derecho de manifestarse y reconocieron que la situación de inequidad y violencia, son motivos que explican y justifican su enojo. Sin embargo, acusaron que el presidente municipal, Enrique Galindo tenía la obligación de haber previsto este tipo de actos, que se agravaron por los infiltrados que causaron más destrozos.

Las fincas históricas -dijeron los propietarios de algunos edificios- tuvieron daños considerables que tendría que pagar el gobierno municipal dado que no pusieron en marcha un operativo eficaz para evitar daños al patrimonio histórico y al mismo tiempo salvaguardar el respecto a la libre manifestación de mujeres que salieron a las calles el 8M.

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