Marcela Loyola
“Me gustaría que quedará muy claro que no estamos en contra de la obra de San Miguelito, las personas que firmamos el amparo si queremos la obra, pero la queremos bien hecha” sentenció la activista Catalina Torres Cuevas al adelantar que emprender acciones legales por la violencia política en razón de género por los ataques a su persona por su condición de activista y de mujer.
Aclaró que, “yo no trabajo para el Ayuntamiento, yo asesoré al Ayuntamiento porque se acabó la asesoría el día de hoy -jueves-“, la cual se le brindó para que pudiera llevar acabo la consulta a personas con discapacidad para la integración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024.
Recordó que, tuvo que realizar esta consulta, después de que le ganaran un amparo al Ayuntamiento capitalino que los obligará a hacer una consulta a las personas con discapacidad para la integración de dicho plan, la cual se tuvo que llevar al principio de cada administración y que en esta ocasión se hará hasta casi el final.
La activista dijo que, son 12 personas las que participaron en este proceso para llevar a cabo la consulta a personas con discapacidad, “y que bueno que yo pudiera hacer las cosas gratuitas, pero no, aunque no cobré los 40 mil pesos que me adjudican y hasta hay algunas imágenes que se pusieron en Facebook indebidamente, que dice que me pagaron 16 mil pesos mensuales por cuatro meses”.
Añadió que, en breve comenzarán a trabajar con la Secretaría de Finanzas, “nosotros le estamos dando un presupuesto de cuánto va a salir porque vamos a hacer la consulta por parte del Congreso del Estado, ellos nos pusieron en contacto con Sefin porque vamos a capacitar a todos los municipios a partir de finales del mes de septiembre o principios del mes de octubre y no trabajo con ellos, es decir, yo no trabajo para alguien, mi trabajo es asesorar, ellos hacen lo que yo les digo, yo no hago lo que ellos me dicen, nosotros hacemos un trabajo de asesoría y por eso cobramos”.
Catalina Torres aseguró que, si vive en San Miguelito, pues todos saben donde tiene su asociación y su escuela, “mi credencial de elector dice colonia barrio de San Miguelito, entonces pues si no me conocen, yo no conozco tampoco a toda la gente del barrio tampoco”.
La activista se deslindó de la administración de Enrique Galindo al señalar que, no actúo cuando se debía, que fue al inicio del arranque de las obras para poner los sellos de clausura al no tener los permisos,por lo que reiteró: “yo asesoro, no me dan línea y estoy preocupada precisamente por un proyecto que no existe y si no hay proyecto no vamos a saber cuánto mide o cuánto van a medir las banquetas y cuánto va a medir el arroyo vehicular, ahorita nada más es créannos va a estar bien, pero así no funcionan las cosas”.
“Yo siempre me he dedicado a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y a nadie le queda duda, pero a mí lo que me preocupa es la accesibilidad de las calles que queden bien porque si no quedan bien para qué llegue a ver otra intervención van a pasar otros 50 años y entonces esta es una oportunidad de oro y nosotros no decimos que no se haga la obra, por supuesto que se haga, pero bien”.