La secretaria de la Comisión de Justicia, diputada Verónica Juárez Piña (PRD), afirmó que existen las condiciones para que en el próximo periodo ordinario de sesiones se analicen las iniciativas que plantean legalizar la marihuana y tener un marco jurídico que acabe con el prohibicionismo.
Al inaugurar el foro “¿Legalizar la marihuana?”, en el que especialistas, académicos, investigadores y representantes de organizaciones civiles expusieron sus puntos de vista, la diputada dijo que este espacio servirá para obtener más elementos para debatir en el Congreso de la Unión.
“Creemos que hay condiciones para discutir todas las iniciativas, como la que envió, en su momento, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; la que presenté a nombre del PRD en la Cámara de Diputados, y la de la diputada Martha Tagle Martínez (MC)”. Adelantó que pedirá trabajar en conferencia con la Cámara de Senadores para su análisis.
Recordó que ya se avanzó en su empleo medicinal, ahora el debate es para logar su uso lúdico y que el Estado pueda asumir la regulación de la hierba.
¿Por qué abordar este tema como un problema de salud y hablar de legalización desde el enfoque de salud pública?, ¿cuáles son los retos como país productor, de tránsito consumo?; ¿qué está ocurriendo con el crimen organizado y los jóvenes?, ¿cuáles son los índices de violencia en la cadena del mercado ilegal? y ¿cuáles las consecuencias de la política prohibicionista?, son algunas interrogantes que se deben abordar durante el camino hacia la legalización, afirmó.
La diputada mencionó que su fracción parlamentaria trabaja para que en la tabla del gramaje desaparezca el cinco por ciento permitido para consumo personal y que, al menos, cada unidad habitacional pueda tener hasta tres matas de hierba. Actualmente, “si alguien se pasa de ese gramaje, se cataloga como narcomenudista, y las cárceles están colapsadas, principalmente por jóvenes”.
El investigador del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Región Centro, Froylán Enciso, consideró importante avanzar en una regulación que proporcione seguridad para todos, porque la “llamada guerra contra las drogas” ha dejado miles de personas asesinadas, desaparecidos y cientos de comunidades desplazadas.
Afirmó que es fundamental regular la marihuana, para retirar buena parte de la renta a las organizaciones criminales que generan violencia. “Tenemos que quitar las ganancias a los criminales y gastar ese dinero en justicia social, y nulificar el pretexto del gobierno para justificar la militarización”.
Además, sostuvo que se debe transitar hacia la regulación de otras sustancias, como la amapola, para fines medicinales. “Hay enfermos de cáncer que mueren de dolor. Además, es absurdo que los campesinos no tengan un mercado legal al cual ofrecer su producto y que, en lugar de producir las sustancias que necesitan los enfermos terminales, la exporten por medio del crimen organizado”.
Se tiene que avanzar en este tema de seguridad y justicia social, que será punta de lanza para cambiar la política de seguridad y de drogas, enfatizó.
Agregó que el mercado de las estupefacientes deja ganancias que se pueden utilizar para beneficio de la sociedad; por ello, propuso que por lo menos 60 por ciento de las licencias de producción se otorguen a comunidades campesinas; planteó que los impuestos que se obtengan por consumir marihuana, se etiqueten para el Fondo de Reparación de Víctimas, el desarrollo comunitario de productores y las políticas de prevención.
La directora general de México Unido contra la Delincuencia, Lisa María Sánchez Ortega, consideró que para regular el consumo lúdico, la producción y venta de la marihuana, se tiene que observar la forma de cómo hacerlo; este foro ayudará y será constructivo, porque permitirá entrar al detalle de cuáles deben ser las restricciones y salvaguardas del órgano regulatorio.