Las autoridades que asumieron la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA) de la Fiscalía General de la República solicitaron la renuncia de su personal que aún queda en algunas bases del país, institución que tuvo la flota aérea más importante contra el combate al crimen organizado y que hoy está a punto de vender algunas de las aeronaves.
Funcionarios del Gobierno Federal revelaron que el general José Antonio Ramos Arévalo, quien fue titular de la mencionada dirección durante la administración de Enrique Peña Nieto, dejó el cargo hace unos días. El militar también se desempeñó como coordinador general de Transportes Aéreos Presidenciales durante el sexenio de Vicente Fox.
Como parte de las medidas que se toman en esta nueva administración, se acordó poner a la venta el jet Bombardier Challenger 605 modelo 2010, con capacidad para 13 pasajeros, que fue adquirido por el entonces procurador Jesús Murillo Karam y que fue usado por los siguientes procuradores.
Los funcionarios dejaron claro no pueden vender algunas aeronaves que Estados Unidos donó a nuestro país como parte de la Iniciativa Mérida, ya que existe un convenio firmado, donde México se comprometió usarlos para el combate contra la delincuencia.
Desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta la gestión de Peña Nieto, la PGR tenía más de 64 aviones y 128 helicópteros para la intercepción aérea, erradicación de cultivos, adiestramiento, transporte y carga.
La mayor parte de las aeronaves de ala fija fueron aseguradas a los cárteles de la droga y eran usadas contra los criminales.
La matrícula que tenía era XC-AA (aeronave asegurada), además de un número que indicaba el número aseguramiento. Asimismo, otras aeronaves, como una Cessna, fueron aseguradas a la ex líder magisterial, Elba Esther Gordillo, aeronave que sirvió para trasladar al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, cuando éste fue detenido.
El año pasado, la PGR ya había puesto a la venta ocho helicópteros tipo Bell.
Se consultó a trabajadores de Servicios Aéreos a quienes se le pidió la renuncia, quienes expresaron lo siguiente: “Si no van a correr, que nos corran, pero que lo hagan conforme a la ley y que nos entreguen lo que nos corresponde”.
Por su parte, los funcionarios consultados mencionaron, por ejemplo, que en algunas bases como en Hermosillo, Sonora, ya no hay aeronaves y solo hay seis personas de servicios aéreos que solo llegan a checar su entrada y salida, ya que no hay nada que hacer.
En la base de Acapulco, quedan entre 12 o 13 personas; en Chihuahua hay cuatro, y así en Tapachula, en Chiapas, y Chetumal, en Quintana Roo, la misma situación.
Al término de la gestión de Felipe Calderón, la PGR, contaba con una flota de 98 aeronaves, pero sólo ocho se encontraban en condiciones adecuadas para su uso: tres eran rentados y cinco pertenecían a la institución.
Al final del sexenio calderonista, la PGR comenzó una limpia en la DGSA y separó de sus cargos a cientos de servidores públicos que laboraban en tres hangares de la institución ubicados en los aeropuertos de la Ciudad de México, Jalisco y Morelos, porque no aprobaron los exámenes de control y confianza.
La PGR pidió a la empresa JDA Aviation Solutions realizar una auditoría a la DGSA de la institución, debido a las “graves” anomalías que detectó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
También despidió a 349 empleados, debido a que no había aviones en los que pudieran desempeñar sus actividades. Se indagó al ex Oficial Mayor de la dependencia, Jesús Naime Libién, quien presuntamente hizo uso de aviones oficiales de manera indebida.
Con información de Milenio