La coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, y la diputada Laura Barrera Fortoul (PRI) insistieron en que es necesario que la Secretaría de Bienestar dé propuestas “muy concretas” para resolver los problemas que están viviendo los menores que eran beneficiados por el programa de estancias infantiles.
Pidieron que “no se violenten derechos de mujeres, niñas y niños” con la consigna de erradicar la corrupción. Señalaron que hasta el momento no se cuenta con denuncias o consignación sobre algún caso relacionado con las estancias.
En declaraciones a la prensa, luego de sostener una reunión con la subsecretaria de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, Juárez Piña indicó que “además de hablar de datos y de corrupción –en el programa- se debe actuar para atender a este sector.
“Una cosa es atacar la corrupción; en lo que no estamos de acuerdo es que, en nombre de la corrupción, se violenten derechos de mujeres y niños. Que a costa de ello se desaparezcan programas sin que tengan el mayor sustento”, añadió la líder parlamentaria.
Sostuvo que no es la forma adecuada, porque “primero se violentan derechos”, antes que el combate a la corrupción.
Por su parte, Barrera Fortoul recordó que fortalecer el programa de estancias infantiles y el de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) fue el tercer punto de los 100 que presentó el Presidente de la República luego de tomar posesión del Ejecutivo.
Sin embargo, agregó, el pasado 15 de diciembre (2018) se presentó en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, una reducción de dos mil millones de pesos –al programa de estancias infantiles-. “El día de hoy están haciendo un traje a la medida para justificar una medida ya tomada”.
Respecto de las reglas de operación del programa, “no tiene nada que ver con el anterior; en éste se tienen considerados solamente 15 estados de la República, 17 quedan fuera, de los mil 200 municipios que estaban considerados, ahora solamente son 622”, puntualizó la legisladora.
“Qué va a ser de los estados fronterizos, comentaban que la frontera juega un papel fundamental, pero no está contemplada Coahuila, ni Sonora, tampoco Baja California, Nuevo León y Tamaulipas. No entendemos cuáles son estos criterios”.
“Lo más importante son los niños y sus derechos, estas reglas de operación no garantizan que los mil 600 pesos bimestrales sean suficientes para amparar el derecho del menor. No hay ningún candado”, abundó.
La diputada priista compartió que “los distintos grupos parlamentarios han propuestos diversos esquemas con mucha imaginación y conocimiento, basados en experiencias internacionales, de cómo se entregue una tarjeta que le permita tener validez crediticia a la instancia, que cumpla con todas y cada una de las condiciones para que las madres tenga la posibilidad de poner a su hijo en el lugar más adecuado”.