La diputada Marité Hernández Correa presentó ante la LXIII Legislatura, un Punto de Acuerdo para que comparezcan el Secretario General de Gobierno Alejandro Leal Tobías, la titular de la Secretaría de Gestión Ambiental Ivette Salazar Torres, al Secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas Leopoldo Stevens Amaro, así como de la Directora del Instituto Registral y Catastral Margarita Guerrero Ortiz, para que informen lo relativo al despojo de tierras comunales enMexquitic de Carmona.
La situación en la Comunidad Guadalupe Victoria y su anexo La Cruz, Suspiro Picacho, así como Paisanos, Maravillas, Colorada, Monte Oscuro y La Unión es grave, pues hay un alto nivel de conflicto, incursión de aeronaves, las brigadas de trabajo de campo en áreas comunales ajenas, entre diversos factores que pueden provocar un estallido social.
En este sentido el documento establece que el Secretario General de Gobierno debe estar informado al respecto y debe tomar acciones concretas. Al ser el responsable de la política interior del Gobierno del Estado, debe informar cuál es el estatus de los conflictos sociales emanados de la problemática.
Por parte de la Secretaria del Ecología y Gestión Ambiental(SEGAM), debe explicar por qué fueron excluidas del área de estudio del Decreto de Área Natural Protegida de la Sierra de San Miguelito, diversas superficies como es el caso de Suspiro Picacho y la Comunidad de Rivera del Municipio de Mexquitic. Además de explicardel despojo en el papel, de superficies de la Comunidad de Guadalupe Victoria y su Anexo la Cruz, al incorporar en el decreto tierras comunales como parte del fundo municipal de Mexquitic de Carmona.
El titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Publicas(SEDUVOP) tiene el deber social y legal de explicar el motivo por el cuál, de manera oficiosa se dejo sin efecto el Plan de Población de San Luís Potosí y Municipios conurbanos publicado el 24 de septiembre de 1993.
Asimismo debe informar cuál es el papel que desempeña la SEDUVOP, en la aprobación de usos de suelo por parte del Ayuntamiento de Mexquitic en las áreas de conflicto, y de los dictámenes de compatibilidad de fraccionamientos inmersos en las manchas urbanas colindantes a la ciudad de San Luís Potosí. Además de explicar su papel en la elaboración de un Proyecto de Plan de Desarrollo Urbano para el Municipio de Mexquitic de Carmona acorde a los planteamientos de desarrollo inmobiliario e industrial en las áreas de conflicto.
El Instituto Registral y Catastral está obligado a informar respecto a las inscripciones preventivas de carácter privado en las áreas en conflicto, el otorgamiento de registros y folios, las fusiones de predios y las facilidades otorgadas para que contratos privados se conviertan en escrituras privadas y posteriormente escrituras de propiedad. Además deberá explicar lo relativo a la sobreposición de títulos de propiedad por encima de congregaciones y comunidades de Mexquitic de Carmona, entregando la relación de juicios donde es parte y se involucran propiedades comunales ancestrales.
Es necesario destacar que Mexquitic de Carmona no cuenta con Plan de Desarrollo Urbano, por lo que las decisiones y autorizaciones están subordinadas a la conveniencia de quién ostenta el poder político en el municipio. Y desde luego, sujeto a la presión y las decisiones impulsadas por los grupos inmobiliarios interesados en estas tierras.
Este tema es un gravísimo problema social, pues se está hablando de miles de hectáreas que, de manera paradójica, se encuentran ubicadas entre el Libramiento Poniente, el Proyecto pretendido en 500 hectáreas por la Industrial Minera México, y como parte del proceso que vive parte de La Sierra de San Miguelito con el acecho inmobiliario.
Ante la presencia de un sector agrario omiso y débil, favoritista en diversos grupos sociales, la situación ha salido del control de los grupos inmobiliarios que se han servido de dicho sector. Las confrontaciones y el riesgo de un estallido social van en aumento y las autoridades parecen hacer caso omiso de las necesidades de tenencia de la tierra de los pueblos más vulnerables.
En Guadalupe Victoria y su anexo La Cruz los vuelos de helicópteros y avionetas sobre las superficies en conflicto se han intensificado, y en los últimos días se ha observado la incursión de topógrafos y brigadas de campo, que en algunos casos están siendo expulsados por grupos de defensa en las comunidades.Asimismo el pasado 13 de junio de 2019 un grupo de personas que se ostentancomo representantes comunales de San Marcos, promovieron una acción jurídica en contra de esta comunidad por una superficie total de 1,200 hectáreas, con el objeto de generar un escenario de confrontación, con el cual se beneficiarán directamente las empresas propiedad de los hermanos Torres Corzo.
En el caso de Suspiro Picacho se detecto que grupos identificados con las familias de apellido Meade, Pizzuto y De la Maza., así como la corporación de “Mexicanos al cien” han promovido compras y escrituración por cerca de 400 hectáreas. Apenas hace dos semanas fueron emplazados por la vía civil en una disputa de 200 hectáreas por una familia de apellido Ana Cecilia Fernández Ángeles
Asimismo en este 2019, se dio a conocer una escritura de una enrome propiedad ostentada por una sola familia y que encabeza una persona de nombre María Félix García Pardo en supuesto conflicto con “Corretaje Inmobiliario y de Sistema” por más de 1900 hectáreas de las cuales 931 hectáreas involucran los asentamientos de las comunidades de Paisanos, Maravillas, Colorada, Monte Oscuro y La Unión. Este asunto involucra además comunidades y colonias populosas de San Luís Potosí como Angostura, Tabacal, Salazares y Maria Cecilia. Con ello se podría ver afectado el patrimonio demiles de personas, dejándolas en completo estado de indefensión bajolas malas prácticas de los ejercicios de autoridad.
