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Gobierno de AMLO va contra subcontratación ilegal

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, afirmó que cerca de 5 millones de trabajadores en México se encuentran en subcontratación ilegal.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria indicó que se ha creado grupo de trabajo para combatir esta práctica en el país.

Explicó que la subcontratación ilegal ha venido creciendo y está relacionada con la defraudación de los trabajadores, defraudación fiscal y con lavado de dinero.

Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), denunció que 14 mil 553 empresas ‘sacaron’ de la nómina a todos sus empleados durante diciembre y los recontrató en enero.

“Son prácticas agresivas de subcontratación, afectó a más de 64 mil trabajadores”, aseveró.

Agregó que, para combatir la subcontratación ilegal, habrá más inspecciones laborales, revisiones fiscales, medidas financieras por la UIF y apoyo a la regularización de patrones reales, así como sanciones ejemplares.

Detalló que de septiembre a diciembre, la Secretaría del Trabajo encontró mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal, afectando a 862 mil trabajadores.

Robledo aseguró que se aplicará todo el peso de la ley para terminar con los esquemas de subcontratación ilegal.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), indicó que existen principalmente tres tipos de subcontratación ilegal: empresas fachada, facturación de operaciones simuladas y outsourcing ilegal.

El funcionario destacó un caso donde una sola persona es representante legal de 488 empresas.

“El marco normativo ha cambiado; la administración pasada dejaba estas acciones que permitía la defraudación fiscal (…) el punto central es que este tipo de conductas debe concluir”, aseveró.

Por su parte, Carlos Romero, procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda, afirmó que las reformas permiten castigar como delincuencia organizada a aquellas empresas que mantengan esquemas de outsourcing ilegal.

“El delincuente puede ser sancionado con prisión preventiva oficiosa y ser condenado hasta 20 años en la cárcel. Es importante que dejen de prestar ese servicio. Esto ya cambió”, añadió.

Por López-Dóriga Digital.

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