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Mesa Revuelta/“Mónica, no te preocupes”


[Javier Padrón]

La revista Proceso de esta semana difunde un reportaje sobre la presunta red de corrupción tejida entre la secretaria de Salud, Mónica Rangel Martínez y el joven Gabriel Alan Salazar Soto, el empresario del sexenio, a través de la facturación de más de 176 millones de pesos, con empresas fantasma, licitaciones a modo, domicilios falsos y usurpación de identidades.

Las investigaciones más recientes de Ciudadanos Observando e Impunidad Cero revelan que Gabo Salazar también hizo negocios con la Secretaría de Educación, cuyo titular es Joel Ramírez, uno de los prospectos del PRI a la gubernatura; por la renta de mobiliario y servicios de alimentación, el Corporativo Ribe recibió varios pagos por más de 4 millones de pesos, al menos uno de los pagos se realizó el mismo día que se emitió la factura.

El Corporativo Ribe, de acuerdo a Proceso, en el año electoral del 2018 le cobró además a la Secretaría de Salud 12 millones de pesos por diversos artículos (cangureras, cilindros para beber agua, monederos, morrales…), el domicilio de la empresa corresponde a uno de los socios de nombre Emmanuel Aureliano Moreno.

Los padres de Emmanuel afirmaron que tiene una discapacidad y laboró como guardia en una de las empresas de seguridad de Gabo; y su presunta firma aparece de manera distinta en documentos presentados a la dependencia estatal, en unos figura como proveedor y en otros como representante legal.

La secretaria de Salud no aprovechó la conferencia de prensa matutina del Covid-19 para refutar lo publicado, era el momento idóneo para echar abajo tantas calumnias en su contra;  tampoco han emitido una postura el gobernador Juan Manuel Carreras y el secretario de Gobierno, Alejandro Leal, quien había dicho semanas antes que Mónica Rangel era víctima de violencia política y el caso era un distractor mediático, la exoneró de un plumazo.

El nuevo personaje en esta trama de dudosos negocios millonarios desde el poder público,  Ramírez Díaz, no ha salido a defender la legalidad de los pagos realizados a Gabo. ¿Habrá otros funcionarios de primer nivel involucrados? El que pronto tendrá que dar la cara es el fiscal Federico Garza, tiene sobre su escritorio las denuncias por fraude de los inversionistas de Invercop Capital Financial, del intocable Gabo.

Por la gravedad de lo publicado y la cobertura nacional de Proceso, en estos casos el silencio oficial le da más veracidad a los hechos expuestos.  Gabo no ha vuelto a usar sus redes sociales desde el sábado pasado, justo cuando comenzó a circular la edición del semanario, cuando ha sido muy rijoso con los periodistas y medios que lo han exhibido como un embaucador protegido por el gobierno carrerista.

Las comisiones de Vigilancia y Salud del Congreso del Estado se aprestan a convocar a la secretaria Rangel para “que explique la situación financiera que priva en la dependencia, las denuncias por presunto uso irregular de recursos públicos”.  Rangel no parece preocupada, ya le habrá dicho Carreras: “Mónica, no te preocupes, hay que aguantar”, como le dijo el expresidente Enrique Peña Nieto a Rosario Robles y hoy está presa por la “estafa maestra”.

A UN MES DE LOS DESTROZOS

Rolando Hervert Lara, el presidente de la JUCOPO que anda en precampaña por el interior del estado, manifestó que no hay avances de la FGE en las investigaciones del vandalismo en el Congreso del Estado ocurrido el pasado 5 de junio. El diputado panista se está haciendo guaje, recibió línea de darle largas al asunto, su indignación por los destrozos fue una farsa.

Una prueba de ello es que el abogado del Congreso del Estado, Noé Yair López, cuota política de la bancada de Morena, no ha ampliado la denuncia de los daños en contra del grupo de jóvenes encabezados por Sebastián “N”, el #MonoBlanco, la participación de estos está más que documentada en videos y fotografías, y las autoridades les han extendido una patente de impunidad.

El Congreso y el gobierno estatal se han ensañado con tres jóvenes universitarios que fueron vinculados a proceso pese a que no participaron en el vandalismo. En el siguiente video, difundido por varios colectivos, se documenta que la violencia fue un operativo montado, hubo infiltrados, provocadores y alguno de ellos grabó el mismo video que fue difundido en Instagram y luego fue eliminado.

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