El Gobierno federal mexicano acusó esta mañana a una “red de políticos” relacionados con el actual Gobernador de Chihuahua y con el mandatario anterior, detenido en Estados Unidos por corrupción, de ser los acaparadores del agua de esa entidad y de no permitir que México cumpla el tratado de 1944 con Estados Unidos.
Durante la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador se acusó a Javier Corral Jurado de simular un enfrentamiento con César Duarte Jáquez, y de haber estado en un evento con acaparadores de agua en el que participó un operador del crimen organizado.
Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad Pública, recordó que desde el 3 de diciembre de 2019, la Secretaría de Gobernación, los gobernadores de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila llegaron a un acuerdo donde Javier Corral se comprometió al cumplimiento del acuerdo con EU, incluso el primero de agosto firmó una propuesta para los escurrimientos y las entregas de agua, pero dos semanas después desconoció lo acordado con Roberto Velasco Álvarez, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
“¿Qué pudo haber hecho que se cambiara la posición de Javier Corral, más haya de su congruencia o incongruencia política y personal? Pues hay todo un entramado de interéses políticos y económicos que han usufructuado para su beneficio el agua y han puesto en riesgo un tratado internacional”, expuso.
Sobre los intereses financieros detrás de la movilización de inicios de mes, donde, aseguró, se entregaron palos y bombas molotov, dijo que un grupo que estaría detrás es el de los nogaleros.
Detrás de las protestas estaría involucrada la familia Urlonabarrenechea Sánchez, ligada al exgobernador César Duarte. “El suegro de uno de ellos, Raúl Enrique Javalera, fue el presidente de la Junta de Aguas y Saneamiento de Chihuahua. Este grupo es importante porque estuvo atrás en gran medida de la movilización y están ligados a César Duarte, por eso advertimos que el supuesto pleito entre Duarte y Corral es nada más testimonial”, expuso.
Agregó que dicha familia acapara el agua en la entidad. “Tienen casi 9 millones de metros cúbicos y tienen diferentes permisos para la explotación del agua”, reveló.
Dijo que en la cuenca del río Conchos se ha generado toda una campaña de desinformación con la falsa premisa de que los productores se quedarán sin agua, aunque negó que eso suceda reconoció que sólo ocho usuarios acaparan 36 millones de metros cúbicos, el 12.5 por ciento del adeudo total del tratado con EU.
“Lo más grave es que una persona tiene 11 millones de metros cúbicos, que es equivalente al 4 por ciento del monto total. La familia Urlonabarrenechea tiene un 3 por ciento, esto implica un gran acaparamiento del agua ligado a políticos y otros agrupamientos”, mencionó.
Afirmó que otra familia involucrada es la de los cebolleros, ligada al Diputado local del PAN Jesús Valenciano. “Él pariente de una familia dedicada a la sobrexplotación, alguno de ellos se dedica también a la tala”, dijo.
Mejía Berdeja Aseguró que los mismos actores están involucrados en diferentes temas que tienen que ver con negocios y el usufructo del agua en la región.
Dijo que en un evento de noviembre de 2019, cuando se echó a andar la planta de tratamiento de agua de Delicias, además de Javier Corral y los exgobernadores de Chihuahua Jose Reyes Baeza y Fernando Baeza Meléndez, estuvo presente Carlos Cuevas Abundis, detenido por el asesinato de dos de sus escoltas.
“Es una persona que se ha dedicado a la delincuencia organizada y al llamado huachicol, está en el Centro de Reinserción Social (Cereso) 1 de Chihuahua y tiene nexos con un operador del cártel de Pacífico, Juan Carlos Pérez, alias “El Placas”, expuso.
“A Carlos Cuevas se le entregó una obra de tratamiento de aguas residuales, tiene relación de amistad con el Diputado Valenciano, quien ha sido el más activo operador tanto en las movilizaciones como en el Congreso local”, agregó.
Por ello, el funcionario afirmó que “hay una red de políticos acaparadores de agua y presuntamente delincuentes vinculados a esta trama”, por lo que “no es un movimiento espontáneo”, pues el abastecimiento de agua para las personas agricultoras en la entidad ha estado garantizado.
“Lo que vemos atrás de esta embestida contra la Guardia Nacional, la descalificación, es que evidentemente quieren seguir manejando este tipo de negocios, de usufructo del agua en detrimento de la nación y poniendo en riesgo un tratado internacional”, concluyó.
Con información de Sin Embargo.